Por José Vilchis Guerrero

No se debe penalizar el aborto. Es la postura del gobierno federal que fue expuesta esta mañana por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien se hizo la vocera del gobierno federal en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. No debe enfrentar un juicio una mujer por este motivo.

-Sabemos que actualmente está la discusión en la Suprema Corte está el tema de Veracruz, pero a nivel nacional, para no pensar más allá como un asunto de amnistía a las mujeres, que más bien se legisle en el tema de no criminalizarlas, ¿cuál es la opinión que tiene al respecto sobre la discusión?

“En mi opinión, que la conoce y la han conocido desde hace muchos, muchos años, mi opinión es que la mujer no debe enfrentar un proceso penal por haber tomado una decisión de esa naturaleza, o sea, simplemente es recriminalizarla nuevamente”, respondió.

“Para mí el hecho de que una mujer enfrente un proceso penal por una situación de esta naturaleza es algo inadmisible. Yo estaría totalmente de acuerdo con la ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que establece para el estado de Veracruz esta situación”.

Horas después, tras una breve discusión, ministros de la SCJN votaron en contra de iniciativa que despenalizaría el aborto en Veracruz. Los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos-Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuatro de los cinco que componían la discusión, votaron de manera negativa la iniciativa de Juan Luis González Alcántara.

Sánchez Cordero acudió al Palacio Nacional para dar cuenta de los programas del gobierno federal para la promoción de las mujeres, para su defensa como víctimas de feminicidio y violencia intrafamiliar junto con niñas, niños y adolescentes que en muchas ocasiones están en condición de orfandad.

La activista Frida Guerrera, quien había hecho la petición al presidente López Obrador la semana pasada para que fuera la secretaria de Gobernación la que describiera las acciones gubernamentales en favor de las mujeres, le planteó una situación específica:

“Hay un caso particular que es el de Emma Gabriela, usted lo conoce, tres huérfanos que también están en la misma situación que el resto de estos miles de chiquitos y que hasta la fecha pareciera que, aunque había una protección a nivel federal para Ligia Cantos y sus nietos, ella sigue siendo amenazada, sigue sin una custodia por parte del gobierno federal, solamente otorgada por el gobierno de Yucatán y que la tiene vulnerada constantemente; y no nada más a ella, a los niños”.

La respuesta estuvo a cargo de María del Rocío García Pérez, directora del Sistema Nacional DIF, quien respondió que en estos casos se aplica un protocolo que es un instrumento que describe el proceso de atención y el trabajo de las instancias involucradas para responder de manera integral, con un enfoque interinstitucional y multidisciplinario a las necesidades de estas personas. “Este protocolo busca construir un piso común a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y establece un marco de referencia para las procuradurías estatales precisamente, a fin de homologar los procesos de actuación. Su objetivo es prevenir, atender y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes estandarizando y establecer un marco de referencia para las procuradurías”, concluyó.