Por José Vilchis Guerrero

Al informar sobre el pago de de 5% del valor accionario de 54 millones de dólares por la venta de la mina de Cananea, en poder del senador Napoleón Gómez Urrutia, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social describió el contexto del conflicto generado a partir de la privatización de la mina de Cananea, en 1990.
“Dichos recursos no fueron entregados sino hasta después de 14 años con la firma de un acuerdo entre la empresa y el sindicato minero titular del contrato colectivo, en donde se evaluó el cinco por ciento de las acciones en 54 millones 84 mil dólares americanos”.
Pero la entrega de los recursos provocó inconformidades entre grupos de mineros que consideraban tener derecho a la parte proporcional y que no habían recibido pago alguno y otro grupo alegó que el pago era incompleto, en tanto que el sindicato se dice propietario de los recursos, refirió.
“Frente al laudo se interpusieron seis recursos de amparo, cuatro por parte de 462 trabajadores inconformes, uno por parte del sindicato minero y otro más por parte de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato, por lo que este asunto está pendiente de ser resuelto por los tribunales de amparo”.
A partir del 29 de abril de 2005 se inició una serie de demandas que involucraron a seis mil 381 trabajadores ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reclamando los pagos correspondientes, dijo.
La junta federal ya en dos ocasiones, en 2012 y en 2018 ha emitido laudos que han sido recurridos y resueltos por tribunales de amparo en los cuales se ha venido definiendo cuál es el grupo de trabajadores que tiene derecho a dichas reclamaciones.
En la última resolución de amparo el tribunal le ordenó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que emitiera un tercer laudo, un nuevo laudo con algunas directrices en algunos casos para condenar al sindicato y en otros para absolverlo de juicios en donde las y los trabajadores no habían acreditado su derecho.
En la conferencia de prensa en Palacio Nacional relató que el 7 de abril se emitió el tercer laudo que en 15 expedientes se absuelve al sindicato de las prestaciones que le fueron reclamadas y en 6 se le condena a la distribución proporcional de 54 millones de dólares a 708 mineros y a 389 para el pago de diferencias pendientes.
El inicio de este conflicto fue en 1990 con la privatización de la mina y el compromiso del pago del cinco por ciento; en octubre de 2004 el convenio, en octubre de 2012 este primer laudo, en abril de 2018 el segundo laudo y finalmente, en abril de este año el tercer laudo con la presentación de los seis amparos.
Luego Ugalde Alcalde informó sobre la huelga de 14 años en la mina de Taxco, en que hubo mesas de diálogo entre el el sindicato minero y la empresa para poder llegar a un acuerdo. Ya se comprometió el pago de reparto de utilidades a 25 mineros a quienes se les debía desde 2006 y 2007, que se harán en la Secretaría del Trabajo la próxima semana. Espera una solución pronta para la reapertura de la mina.