Corruptores de la justicia

*Demandan al PJCDMX transparencia en el juicio de Regina Seemann Audiffred contra su pareja, el consultor político Guillermo Alejandro Sesma Suárez
*Con influencias, el marido pretendió vengarse de su mujer para que la FGJCDMX ordenara una injusta aprehensión

BLAS A. BUENDÍA *

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, demandó al Poder Judicial de capital de la República mayor transparencia en el juicio familiar y penal entre las partes Regina Seemann Audiffred versus Guillermo Alejandro Sesma Suárez, ya que éste ha generado zozobra en los recintos de justicia, por sus influencias con altos jefes políticos que afectan colateralmente la transparencia del Estado de Derecho.

Entorno a estas perspectivas, la defensa de la señora Regina, reveló que han aparecido los fenómenos de corrupción, falta de imparcialidad, prohibición del secreto injustificado en acciones jurídicas, y sobre todos estos detalles, se suma la falta de rendición de cuentas que es, en sí, la alteración de valores que por desgracia siguen existiendo en los circuitos judiciales lo que conlleva a trastocar la transparencia legal.

Al destacar que ciertamente es dramático que la alteración de valores en los recintos de justicia puede tener graves consecuencias en materia de transparencia porque afecta directamente la confianza de la sociedad en el sistema judicial, el Ateneo refirió que la corrupción es un ejemplo claro de la transformación de valores éticos en los perímetros de justicia.

Ejemplifico que cuando los funcionarios judiciales aceptan sobornos o asistencias a cambio de decisiones favorables, se compromete la transparencia y la justicia con presuntas manipulaciones de las evidencias que comprometen el ejercicio de transparencia y la justicia en procesos judiciales.

La sociedad inquiere en el referido hecho, ¿qué ocurre cuando impartidores de justicia tuercen la ley pretendiendo privar de su libertad a inocentes?, la citada Academia precisó que cuando los impartidores de justicia, como jueces o fiscales, tergiversan la ley y pretenden privar de su libertad a personas inocentes, se producen consecuencias graves y perjudiciales para la sociedad y para los individuos afectados.

Relativo a los procedimientos que no son respetados conforme al dictamen de las leyes mexicanas, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México consideró que sobresalen las consecuencias para la sociedad, es decir, la pérdida de confianza en el sistema judicial.

“Cuando los impartidores de justicia tergiversan la ley, se puede perder la confianza en el sistema judicial y en la capacidad del Estado para proteger los derechos de los ciudadanos”, subrayó por lo que avizoró que toda argucia de la ley puede perpetuar la injusticia y la desigualdad, ya que las personas inocentes pueden ser castigadas mientras que los verdaderos culpables pueden quedar impunes.

Entre las prontas soluciones, urge que el Estado siga implementando reformas judiciales para garantizar la independencia y la imparcialidad de los jueces y fiscales; proporcionar capacitación y educación a los mismos, sobre la importancia de la imparcialidad y la justicia; y establecer mecanismos de supervisión y control para garantizar que los togados actúen de acuerdo con la ley y los principios de justicia en la mano.

El juicio familiar y penal que enfrenta el consultor político Guillermo Alejandro Sesma Suárez y su pareja Regina Seemann Audiffred, se refiere a una disputa por la custodia de sus hijos, en cuyo caso, la afectada acusó públicamente a Sesma de violencia familiar y abuso infantil en contra de sus tres hijos.

En tanto que Guillermo Sesma negó categóricamente estas acusaciones ante los medios, la afectada demandó a la Fiscalía capitalina prohibirle al imputado deje de manipular y distorsionar la realidad, generando la interpretación entre la prensa nacional e internacional, “si es hombrecito que afrente su presunta culpabilidad o inocencia”.

Delito disculpado, protegido, tolerado o impune

Según el parecer de algunos indignos servidores públicos que dicen querer pertenecer al segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación, les parece digno haberse impuesto la misión de proteger, disculpar, tolerar o brindarle impunidad a un delincuente agresor sexual de sus tres menores hijos.

“A contrario sensu”, lo decente para la sociedad y para la justicia sería el que se pusiese un coto y se sancionara a los referidos servidores públicos, ya que la mencionada protección tiene su expresión en la corrupción derivada de dinero mal habido, así como la intervención de una fuerza política que aún pretende dar continuidad a la alteración de valores que por desgracia existe en los recintos de justicia.

Este fenómeno por desventura, es el que trata de hacer más difícil la aplicación de las sanciones establecidas por el Código Penal en vigor para la Ciudad de México y, de proteger a Guillermo Alejandro Sesma Suárez, como a los fiscales, agentes del ministerio público, jueces y magistrados que torciendo la ley pretendieron privar de su libertad a la C. Regina Seemann Audiffred, para con ello entregar a sus menores hijos al padre corruptor de la justicia.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México detalló que el presunto delincuente de marras ha acudido a diversas instancias políticas y redes sociales para “demostrar una inocencia” de la cual carece.

De cara a la consecución de hechos, señaló que la Primera Magistrada de la Nación y la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, tienen la misión constitucional de respetar la Ley.

Porque el elevado sitial de la licenciada Bertha María Alcalde Luján la obliga, con base en el respeto que se le debe al Estado de Derecho a indagar y perseguir todo tipo de delitos que sean cometidos en la presente entidad federativa, con total independencia de la voluntad de políticos y/o delincuentes.

“Esa misión que le otorga a ambas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un verdadero progreso para sacar a México de la incertidumbre jurídica, significa que la lucha contra la delincuencia del poder económico y político es un deber legal, y no una facultad derivada de ocurrencias de partidos políticos”, refirió jurídicamente.

Pero más extraordinario que la impunidad que hasta la fecha le han otorgado a Guillermo Alejandro Sesma Suárez en la Fiscalía de la Ciudad de México y/o en el Tribunal Superior de Justicia, es de que también existe una impunidad para esos fiscales, agentes del ministerio público, jueces y magistrados que se prestaron a efectuar interpretaciones incorrectas del buen Derecho que le asiste a la madre de los menores ultrajados sexualmente por su degenerado progenitor, sin ningún fundamento racional, frecuentemente basado en el empírico fenómeno de la corrupción del ámbito de procuración e impartición de justicia.

Al aseverar que “realmente el caso es extraordinario”, el mencionado Ateneo cuestionó: ¿Podrán la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo y la licenciada Bertha María Alcalde Luján poner un freno a esa indignidad?

La respuesta consolidada la tiene la Diosa Temis, en tanto que las autoridades solo deben actuar respetando el Estado de Derecho.

“¡Es cuanto!”, puntualizó la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., que preside el abogado penalista Alberto Woolrich Ortiz.

Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
filtrodedatospoliticos@gmail.com

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