“Juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad: una obligación judicial, no una opción”: Carla Jiménez Juárez

Este fin de semana la Dra. Carla Jiménez Juárez, candidata a Jueza de Distrito en Materia Laboral, durante su recorrido por la alcaldía Gustavo A. Madero, presentó su cuarta propuesta; la cual consiste en que Garantizar el acceso a la justicia laboral en condiciones de igualdad exige reconocer las desigualdades estructurales que enfrentan mujeres y grupos de personas históricamente discriminados.

“En México, las personas trabajadoras continúan siendo víctimas de prácticas que reproducen estereotipos, exclusión y violencia estructural”.

Desde un enfoque interseccional, es fundamental reconocer que muchas personas enfrentan discriminación y violencia estructural en el ámbito laboral, particularmente aquellas cuyas identidades y condiciones sociales se entrecruzan y profundizan su situación de vulnerabilidad. Las mujeres, en particular, enfrentan expresiones específicas de violencia laboral, como el acoso, la discriminación y el despido por embarazo”, expresó Jiménez Juárez.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, 27.9% de las mujeres en México ha sufrido algún tipo de violencia en su lugar de trabajo, ya sea psicológica, física o sexual. Además, las brechas salariales y la sobrecarga de trabajo no remunerado siguen limitando su acceso a mejores oportunidades laborales. En promedio, ellas dedican 43 horas semanales a tareas domésticas y de cuidados, lo que refuerza su situación de desigualdad y precariedad laboral.

El despido por embarazo sigue siendo una de las formas más graves de discriminación y persistentes de exclusión. Entre 2013 y 2023, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) registró más de 500 casos, en su mayoría contra mujeres. A nivel nacional, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) documentó 723 denuncias entre 2011 y 2020, lo que equivale al despido de una mujer cada cinco días por esta causa.

Otro caso emblemático es el trabajo del hogar, una labor feminizada y altamente precarizada. 90% de quienes se dedican a esta actividad en México son mujeres, y el 97.5 % carece de contrato por escrito. En 2018, la Suprema Corte reconoció en una sentencia histórica a estas trabajadoras como un grupo marginado y vulnerado por condiciones laborales injustas y sin protección social.

Frente a este panorama, resulta urgente que los tribunales laborales incorporen de forma sistemática la perspectiva de género y el enfoque interseccional en los procesos judiciales. Juzgar con esta visión implica reconocer las relaciones desiguales de poder, allegarse de pruebas de oficio para esclarecer la verdad y visibilizar contextos de discriminación o violencia, incluso cuando no hayan sido aportados por las partes. Ante situaciones de vulnerabilidad, es fundamental dictar medidas cautelares oportunas y garantizar una defensa adecuada, considerando el impacto real de las desigualdades sociales en el acceso efectivo a la justicia.

La labor judicial requiere emitir decisiones con motivación reforzada, valorar adecuadamente los indicios de discriminación y utilizar un lenguaje incluyente. Además, las resoluciones deben fundamentarse no solo en el marco normativo nacional, sino también en tratados internacionales de derechos humanos y en criterios que incorporen de forma clara la perspectiva de género.

Incorporar la perspectiva de género en la justicia laboral no solo es un acto de equidad, es una exigencia ética y legal. Esta mirada permite construir una justicia más efectiva, igualitaria y transformadora, capaz de reconocer y atender los contextos reales de desigualdad que enfrentan mujeres y otros grupos históricamente discriminados.

La Dra. Carla Jiménez Juárez aseguró que “reconocer estas realidades fortalece el acceso a los derechos, contribuye a erradicar prácticas discriminatorias y garantiza condiciones laborales dignas para todas las personas. Porque juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad no es una opción: es una obligación judicial para hacer efectiva la justicia y saldar la deuda con quienes han sido invisibilizadas por el sistema”

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