Ruta Hgo-Scandinava: César Román Mora Velázquez, quien fuera secretario de la Contraloría del estado de Hidalgo en el gobierno del priista Omar Fayad Meneses, fue detenido en Miami, Florida, por su presunta implicación en una red de servidores públicos que desviaron 520 millones de pesos del presupuesto estatal.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) localizaron y detuvieron al ex funcionario, quien era prófugo de la justicia en México y buscado fuera del país con base en una ficha roja de la Organización de Policía Internacional (Interpol). Francisco Fernández Hasbun, encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo, informó que el ex contralor fue detenido el miércoles pasado y que en asunto de días las autoridades estadounidenses procederán a deportarlo a México.

“Agentes de Estados Unidos, específicamente la Oficina de Seguridad Diplomática de Investigaciones Criminales en la Ciudad de México, de la Embajada de Estados Unidos, nos notificaron de la detención en Miami, Florida, para el proceso de deportación a México de una persona identificada con las iniciales C.R.M.V.”, dijo Fernández en un mensaje difundido en redes sociales.

“Esta detención representa un eslabón importante en la investigación del maxi proceso en Hidalgo; en los próximo días C.R.M.V será deportado a México en los términos que establece la legislación internacional”. Contra el ex servidor público pesa una orden de aprehensión por delitos de amenazas, tráfico de influencias y peculado.

La fiscalía estatal lo relaciona con un caso que denominan “La Estafa Siniestra” y en el que fueron imputados al menos 13 alcaldes por el presunto desvío de más de 520 millones de pesos. Los recursos, según la autoridad ministerial, supuestamente fueron destinados a “empresas fachada” con el pretexto de ser utilizados para construcción y rehabilitación de caminos, así como para adquirir suministros contra Covid-19.

Entre otras cosas: La sentencia millonaria impuesta a Genaro García Luna por una corte de Miami, Florida, para pagar a México casi 750 millones de dólares tendrá un interés de 9.15 por ciento anual, por lo que al paso que va, de no hacerse ningún abono, la sanción alcanzará 7 mil 962 millones de dólares, para cuando Genaro García Luna salga de la prisión UPS Lee, en Virginia, Estados Unidos.

De acuerdo con documentos de la condena impuesta por la jueza Lisa Walsh la semana pasada, García Luna no sólo deberá liquidar 748 millones 829 mil 676 dólares, el triple del dinero público que el gobierno federal le requirió por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sino que la sanción tendrá sus correspondientes réditos.

Si bien la demanda del gobierno federal reclamaba directamente a García Luna una restitución de 249 millones 609 mil 892 dólares, al no asistir a las audiencias, quien fue mano derecha de Felipe Calderón cuando ocupó la presidencia, perdió por default y deberá pagar el triple de esa cantidad.

Con la sentencia, el gobierno mexicano puede cobrarse con bienes localizados que sean propiedad del García Luna o de alguno de sus prestanombres, detalló la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los documentos de la corte aún no se especifica algo similar respecto a la sentencia contra la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, quien también fue acusada por el gobierno federal de ser parte de un esquema de triangulación de recursos que incluía empresas situadas en paraísos fiscales para regresar el dinero a México y Estados Unidos.

A ella se le impuso una multa de mil 740 millones 25 mil 540 dólares. El documento relativo a la sentencia contra García Luna tampoco explica si los intereses se abonarán al gobierno federal, pero sí apunta que el tribunal de la corte del décimo primer circuito judicial para el condado de Miami Dade, Florida, mantiene la autoridad para acciones adicionales u otras medidas vinculadas al caso.

Lo anterior, pese a que actualmente García Luna, preso desde diciembre de 2019, tiene su dirección en la penitenciaría de Estados Unidos en el Parque Industrial del Condado de Lee, Hickory Flats Road, Pennington Gap, Virginia 24277, de donde saldrá hasta el 8 de agosto de 2052, según la Oficina Federal de Prisiones.

En la demanda civil en la que se acusó a García Luna y a Pereyra, también se incluyó a otras seis personas por esquilmat al erario entre 2009 y 2018, mediante 30 contratos ilegales de tecnología y seguridad con la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.