Tiempos: Se cumplieron 16 años de impunidad de los responsables de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, acaecida el 5 de junio de 2009, en la que murieron calcinados 49 niños y alrededor de 100 resultaron con heridas permanentes de por vida. Y en este aniversario luctuoso, al igual que en los anteriores, no hay visos de que esta narrativa se modifique.
Entonces, ¿a quién deben recurrir los padres de esos niños?, porque han tocado todas las puertas y todas permanecido cerradas, tanto las de los impartidores de justicia como las de políticos y autoridades civiles, federales y estatales, que desde el principio apostaron por el silencio y el olvido.
Fue la tragedia infantil más grave en la historia reciente de México, los padres y madres de los 49 menores que fallecieron en el incendio de la guardería ABC, volvieron a salir a las calles de Hermosillo para exigir justicia.
Acompañados por los sobrevivientes, familiares y ciudadanos solidarios, alrededor de 30 mil personas, marcharon desde las ruinas del inmueble ubicado en la colonia Y Griega, hasta las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, en pleno centro de la ciudad. El Movimiento Ciudadano “Por la Justicia 5 de Junio”, conformado por las familias de las víctimas, emitió un enérgico llamado a los ministros recién electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Su exigencia consiste en que se cumplan las sentencias ya dictadas, que se encarcele a los responsables materiales y administrativos y que se reparen los daños a las víctimas.
A pesar de que todo está documentado y plenamente identificados los responsables, la tragedia de la guardería ABC, subrogada en 2001, vía tráfico de influencias, en el sexenio de Vicente Fox, permanece en el éter de la justicia mexicana, en la que prevalecen los intereses políticos, las presiones, los chantajes, las amenazas y, desde luego, los negocios en la venta de sentencias.
Y la parentela política de Felipe Calderón y Margarita Zavala Gómez del Campo, pues los concesionarios eran Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, junto con Gildardo Urquides y Sandra Téllez Nieves, más Eduardo Bours (entonces gobernador de Sonora), Ernesto Gándara Camou (en ese momento alcalde de Hermosillo), Daniel Karam (a la sazón director del IMSS), Carla Rochín Nieto (coordinadora Nacional de Guarderías del IMSS) y demás responsables, cómodamente permanecen impunes y en libertad.
Todos operaron políticamente, comenzando por Felipe Calderón y su secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, para que ninguno de los responsables terminara en la cárcel y 16 años después así se mantienen. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia y el proyecto de dictamen, elaborado por Arturo Zaldívar, quien en 2022 denunció que Felipe Calderón maniobró para que quedara impune el caso de la guardería ABC; hubo una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zav en el incendio ocurrido en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, que fue rechazado por los ministros (ocho contra tres).
Todos se lavaron las manos y 16 años después, se mantienen intocados.
Entre otras cosas: Las redadas contra migrantes indocumentados son parte de las políticas instrumentadas por Trump desde el inicio de su administración en enero. “Estamos haciendo Los Ángeles más seguro.
La alcaldesa Bass debería agradecerlo”, dijo en X Tom Homan, el zar de seguridad fronteriza del gobierno de Trump. Fernando Delgado, 4un residente de 24 años, dijo que las redadas son injustas y que los detenidos son seres humanos como cualquier otro. “Somos hispanos, ayudamos a la comunidad, ayudamos haciendo el trabajo que la gente no quiere hacer”, declaró a la AFP.
El Presidente Trump acusó a quienes se manifiestan contra las redadas en Los Ángeles de ser “alborotadores e insurrectos”. Después de los cuestionamientos de autoridades demócratas a su decisión de desplegar a elementos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, Trump se lanzó contra el Gobernador de California, Gavin Newsom, y la Alcaldesa Karen Bass.
El Gobernador Gavin Newscum (sic) y la Alcaldesa Bass deberían disculparse con la gente de Los Ángeles por el horrible trabajo que han hecho, y esto ahora incluye los disturbios en curso en Los Ángeles”. “Estos no son manifestantes, son alborotadores e insurrectos. Recuerden, ¡sin máscaras! ¡Insurrectos a sueldo!”, escribió Trump en su red social. Unas horas antes, Trump había señalado que Los Ángeles fue invadida y ocupada por “extranjeros ilegales y delincuentes”.
“Ahora turbas violentas e insurrectas están pululando y atacando a nuestros agentes federales para tratar de detener nuestras operaciones de deportación, pero estos disturbios sin ley sólo fortalecen nuestra determinación”, dijo Trump. Anunció haber ordenado a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; al Secretario de Defensa, Pete Hegseth; y a la Fiscal General, Pam Bondi, tomar todas las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la invasión de inmigrantes, y poner fin a estos disturbios de inmigrantes. “El orden será restaurado, los ilegales serán expulsados, y Los Ángeles será liberada”, manifestó Trump.
