*Exige que Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente y Julio Berdegué expliquen los efectos de la medida proteccionista de Estados Unidos

*Condena enérgicamente el arancel del 21 % y demanda una defensa firme del campo mexicano

*Advierte impacto severo en productores de Sinaloa, Baja California, Michoacán y San Luis Potosí

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, que coordina el guerrerense, Manuel Añorve Baños, formalizó este miércoles la solicitud de comparecencia de los titulares de las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores y Agricultura y Desarrollo Rural, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente y Julio Berdegué, respectivamente, con el fin de que informen sobre las implicaciones que tendrá la imposición del arancel del 21 % a la importación de jitomate mexicano por parte del gobierno de Estados Unidos, vigente desde el 14 de julio de 2025.

El documento legislativo fue publicado este miércoles en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tras haber sido anunciado ayer por el líder de la bancada tricolor. A través de este punto de acuerdo, el PRI refrenda su “absoluto respaldo a las y los productores mexicanos de jitomate” y expresa su enérgica condena a las medidas proteccionistas impulsadas por el Departamento de Comercio estadounidense.

“Desde el PRI, exigimos al Ejecutivo Federal actuar con firmeza, activar los mecanismos diplomáticos y comerciales correspondientes, y proteger el interés nacional con responsabilidad, visión de Estado y compromiso con el campo mexicano”, señala el texto.

El punto de acuerdo advierte que esta medida pone en riesgo una de las cadenas productivas más importantes del país. En 2023, las exportaciones mexicanas de jitomate fresco superaron los 2,988 millones de dólares. Tan solo en 2024, se enviaron 1.82 millones de toneladas del producto a Estados Unidos, mercado que concentra el 99 % de las ventas externas mexicanas.

Los priistas del Senado señalaron que la cancelación del Acuerdo de Suspensión —vigente desde 1996 y revisado en 2019— abrió la puerta a esta medida unilateral, adoptada bajo el argumento de prácticas de dumping. Advirtió además que los consumidores estadounidenses también se verán afectados, con aumentos de hasta 10 % en los precios del jitomate.

Los más perjudicados serán los pequeños y medianos productores de estados como Sinaloa, Baja California, Michoacán y San Luis Potosí, cuyas economías locales dependen en gran medida de esta actividad agroexportadora.

El documento señala que la imposición del arancel “contradice frontalmente los principios de libre comercio, cooperación y solución pacífica de controversias consagrados en el tratado”, en referencia al artículo 10.8 del T-MEC, que prohíbe expresamente las prácticas que distorsionen el comercio agrícola.

Por ello, la bancada del PRI exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a iniciar un proceso formal de solución de controversias bajo el marco del tratado, con respaldo jurídico y económico para los productores mexicanos.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural diseñar un plan de apoyo que incluya incentivos, acceso a nuevos mercados fuera de Estados Unidos, fomento a la agricultura protegida y esquemas financieros de resiliencia, con enfoque especial en las regiones más afectadas.