*Devoran impunemente los recursos naturales: Ong´s

Chihuahua, Chih.- La operatividad con total impunidad de organizaciones criminales en la región de la Sierra Tarahumara ha sido “funcional” para el Estado mexicano, pues la presencia de los cárteles de la droga en las comunidades indígenas no solamente ha servido para desplazar de sus territorios a pueblos originarios sino para permitir el saqueo de los recursos naturales con total libertad e impunidad.

Alianza Sierra Madre advirtió que el “saqueo de la madera principalmente en la comunidad de Coloradas de la Virgen en el municipio de Guadalupe y Calvo fue corroborado tanto por autoridades estatales y federales”, es decir conocen del problema.

“Habitantes de la comunidad de Coloradas de la Virgen, denunciaron ante la Profepa y ante la Secretaría del Medio Ambiente esto desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador el fenómeno de la tala clandestina a manos de grupos criminales vinculados con el narcotráfico”, comentaron los activistas.

Incluso en ese encuentro entre comunidades y la Profepa no solo la dependencia federal reconoció sino corroboró que las denuncias por la tala clandestina realizada por las comunidades eran ciertas, “a estas alturas no creemos que el Gobierno no sepa quienes son los responsables de esa violencia, desplazamiento y saqueo de los recursos naturales de la Sierra Tarahumara”, recordó Alianza Sierra Madre.

“La tala clandestina y el saqueo de los minerales como el oro y plata, este último el mineral de más alta producción en el estado de Chihuahua se ha transformado en uno de los principales negocios de los cárteles esto a raíz de las políticas de los Estados Unidos contra las drogas lo que ha provocado que sea más redituable que la siembra, cosecha y tráfico de drogas”, expresaron ong´s.

Añadieron que “hemos percibido que el mercado criminal desde el 2007 comenzó a diversificarse creando condiciones para explotar el territorio ancestras de manera ilegal a través de una cadena de delitos y omisiones por parte del Estado mexicano aumentando el nivel de violencia sobre las comunidades indígenas, ante la inoperancia de las dependencias gubernamentales de seguridad, medio ambiente y fiscalización”, denunciaron activistas.

La tala ilegal y el tráfico ilícito de madera no solo destruye la biodiversidad, poniendo en peligro los medios de subsistencia de los habitantes de las comunidades que viven de los recursos forestales y ancestrales de las comunidades indígenas que habitan en la Sierra Tarahumara.

Sino que aunado a esto se suma la explotación ilegal de especies de madera de gran valor en peligro de extinción, la tala de zonas protegidas, tierras indígenas o fuera de los límites de la concesión, así como el blanqueo de madera obtenida ilegalmente por medio de empresas ficticias dedicadas a la plantación y la agricultura, la falsedad documental y las declaraciones falsas para ocultar la actividad ilegal y la evasión fiscal.

Por lo que no es casualidad, que el Estado minimice los enfrentamientos entre cárteles a “confrontaciones de cerro a cerro” dejando de lado el terror que viven los habitantes de las comunidades que se encuentran en medio de una guerra que no pidieron vivir.

En medio de “dronazos” las comunidades son sacudidas por el terror de las bombas que son lanzadas de manera remota por sicarios, recordemos las agresiones de este tipo ocurridas en septiembre del 2024 en las comunidades de El Cajoncito, El Pie de la Cuesta, Los Placeres, El Silverio, La Trampa y Cinco Llagas entre otras en el municipio de Guadalupe, hecho que provocó el desplazamiento de más de 300 personas.

Tampoco es casualidad que en medio de la ola de violencia las agresiones son dirigidas única y exclusivamente a las comunidades indígenas, pues de acuerdo con el titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Ulises Fernández Gamboa, aseguró que, “no existen denuncias ni de las empresas mineras, ni de la comunidad por lo que calificó los hechos violentos denunciados como “aislados” los cuales no han afectado la actividad minera”.

“No se tiene una incidencia generalizada o que algunos “conatos especificos y muy localizados y obviamente no dejan de ser importantes para darles seguimiento para que la actividad minera siga su curso normal” puntualizó.

Por lo que calificó se “hechos aíslados” la violencia que se ha generado en las comunidades de la Sierra Tarahumara y que esta no a afectado el desarrollo de las actividades de las empresas mineras.

Fernández Gamboa precisó que hasta el momento no han tenido un acercamiento con las comunidades indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo y Moris, ambas localidades cuentan con yacimientos de oro y plata, en esta última trascendió el desplazamiento de 300 indígenas del pueblo pima y warjió quienes viajaron hasta la Ciudad de México para pedir ayuda por la violencias de grupos criminales de la región.

Diversificación de las actividades de los Cárteles apartir del endurecimiento de medidas contra el tráfico de drogas de los Estados Unidos.

La llegada de Donald Trump a al poder tuvo como efecto una cascada de amenazas contra México para que reforzara la lucha contra los carteles, que él mismo declaró como organizaciones terroristas, y contra el tráfico de fentanilo, una epidemia que deja decenas de miles de muertos al año en Estados Unidos.

En la firma de una ley que endurece las penas por el tráfico de fentanilo, el presidente Donald Trump ha dejado declaraciones hirientes respecto del “fuerte control” que tienen los carteles sobre México y lo “petrificadas” que están las autoridades de México.

Ante estas declaraciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo respondió mediante la implementación de operativos de incautación de drogas en la frontera norte reduciendo hasta 50% el paso del fentanilo por la frontera norte.

Las medidas implementadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra el fentanilo y otras sustancias ilicítas así como la presión a México para que implemente operativos de decomisos y destrucción de narcolaboratorios, aseguramiento de sustancias ha sido uno de los factores que han motivado que empresas criminales “mudaran” sus actividades a tal grado de diversificarlas tanto al saqueo de recursos naturales como a otros delitos como la trata de personas, cobro de piso, extorsión, secuestros, delitos y estafas electrónicas entre otros.

Evolución del desplazamiento forzado y sus víctimas.

Remontándonos al hecho histórico de las denuncias o manifestaciones por desplazamiento forzado derivado a la presencia de grupos criminales en la Sierra Tarahumara dada desde el 2007, período en el cual este problema comenzó a visibilizarse. Sin embargo, desde décadas atrás este fenómeno tenía presencia en las comunidades indígenas, pero el trasfondo era derivado a un tema distinto, es decir se encontraba más vinculado al despojo de tierras por “caciques” para la siembra y cosecha de enervantes.

No obstante, a partir del 2007 los grupos criminales testigos de la impunidad que prevalecía en el despojo de tierras vio en las comunidades indígenas un campo fértil para sus actividades ilícitas.

De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos como ASMAC, CEDEHM, CONTEC y DHIA a partir del 2012 el desplazamiento forzado comenzó a ser documentado en distintos informes, precisando que entre el 2012 y 2022 se registraron 61 eventos de desplazamiento.

Entre el 2017 y 2019 se contabilizaron mil 042 casos y en el 2021 se documentaron mil 078 personas desplazadas, todas ellas de al menos 13 comunidades de la Sierra Tarahumara.

Dentro de los comunidades considerados como “foso rojos” por la polarización del fenómeno del narcotráfico y la violencia criminal se encuentran los municipios de Guadalupe y Calvo, Madera, Morelos, Valle de Zaragoza, Uruachi entre otras regiones del estado, todas ellas con cercanía al “Triángulo Dorado”.

“Los municipios de esta región son considerados focos rojos por la polarización del fenómeno del narcotráfico y la violencia criminal; que junto con algunos municipios de Durango y Sinaloa, forman el llamado “Triángulo Dorado”, sitio que históricamente representa la cuna del narcotráfico a nivel nacional por accidentada geografía de la sierra que permite a los cárteles de la droga sembrar marihuana y amapola, así como ocultarse, y recientemente para producir drogas sintéticas, la tala ilegal entre otras actividades como la minería.

México se posiciona como el tercer país con más número de personas desplazadas internamente desde 2013 y hasta 2022, por detrás de Colombia y Estados Unidos; con un total de 389 mil 600 mexicanos que han huido de sus hogares y no han podido regresar, esto de acuerdo al informe del Alto Comicionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de la ONU.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha alertado sobre esta situación, señalando que, según sus datos, tan solo entre 2016 y 2022, aproximadamente 386 mil 197 personas han sido víctimas de desplazamiento interno forzado en el país.

Durante el transcurso del año 2022, al menos 9 mil 602 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en diversas regiones de México en esos 26 episodios que afectaron a poblaciones en 27 municipios y 33 localidades en los estados de Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

La invisibilización y criminalización de las víctimas de desplazamiento forzado

Otro fenómeno que abona a la invisibilización del desplazamiento forzado interno en la Sierra de Chihuahua se encuentra dentro del decreto 0486/2922 I P.O aprobado por unanimidad por el Congreso del Estado de Chihuahua en febrero del 2023.

Donde lejos de proteger el derecho humano de las personas a una vida libre de violencia se les criminaliza, pues dentro del decreto de acuerdo con esta ley “No se considerará desplazamiento forzado interno si el sujeto pasivo propicia o participa en hechos de violencia contra el activo, con alguno de los propósitos descritos en el párrafo que antecede, con independencia de que se pueda cometer algún otro delito en su perjuicio”.

Es decir, “no se considerarán víctimas de desplazamiento forzado quienes se defiendan cuando los despojen de sus bienes y los obliguen a irse de su tierra”. Es decir que esta ley se contradice con respecto a la “legítima defensa del derecho propio con ataque al derecho ajeno”, lo que permite repele una gresión ilegítima utilizando los medios necesarios para proteger bienes jurídicos, propios o ajenos, siempre y cuando exista necesidad y racionalidad en la defensa”.

La legítima defensa en el Código Penal del Estado de Chihuahua se encuentra regulada en el Capítulo V, artículo 28, fracción IV. Esta fracción establece que se considera legítima defensa cuando se repele una agresión real, ilegítima, actual o inminente, protegiendo bienes jurídicos propios o de terceros.

Ausencia del Estado en la protección y restitución de derechos
de victimas de desplazamiento forzado.

El 29 de abril del 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 96/2022 dirigida al Gobierno del Estado de Chihuahua que encabeza la gobernadora María Eugenia Campos Galván y a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la violación a los derechos humanos de 120 personas desplazadas de las comunidades de El Manzano y Monterde en los municipios de Guazaparez y Uruachi, respectivamente.

En dicha recomendación, la CNDH documentó que entre el 2015, 2016 y 2019, las familias desplazadas de Guazaparez y Uruachi las víctimas se vieron obligadas a abandonar sus comunidades ante la omisión de autoridades estatales para brindarles protección y seguridad, lo que derivó en el homicidio de cinco personas y lesiones en contra de otra.

Durante ese periodo se registraron despojos, daños y robos en posesiones y propiedades donde las acciones realizadas por las autoridades municipales y estatales no fueron eficaces, ni eficientes para garantizar la seguridad de las víctimas ante la violencia que imperaba en esa zona, pues aun cuando tenían conocimiento de ello, omitieron poner en práctica medidas para prevenir homicidios, lesiones y daños, además de que bienes y propiedades de las víctimas fueron robados, vandalizados, ocupados por personas desconocidas y, en algunos casos, destruidos.

De acuerdo al Informe del ejercicio de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua elaborado por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y el Territorio, solo el 22 por ciento de las desplazadas que perdieron tierras, propiedades, bienes y documentos solicitaron apoyo a la Fiscalía General del Estado para recuperar sus propiedades y casi la totalidad de estas fueron personas indígenas.

Los principales motivos para no pedir apoyo son el miedo (53%), no saber cómo hacerlo (16%, principalmente mujeres indígenas) y la desconfianza en la autoridad (15%). Las personas desplazadas se resignaron a no recuperar su patrimonio ante la falta de respuesta del gobierno.

El Protocolo de Actuación para el Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la investigación de delitos relacionados con el Desplazamiento Forzado Interno de Personas, prevé el aseguramiento de inmuebles por parte del Ministerio Público para delitos de despojo, no así para la protección de estos ante su potencial daño por el agente persecutor.

No obstante, aunque son pocas las personas desplazadas que se acercan a realizar una denuncia ante las autoridades, por lo que resulta importante reconocer el reto que en un futuro representará la necesidad de recuperar estas propiedades u ofrecer la compensación correspondiente para que las victimas de esta violencia rehagan su vida.