En su tiempo: Aunque la secretaría de Hacienda de México negó las acusaciones del Departamento del Tesoro de EU por falta de pruebas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso más de 50 sanciones, que en conjunto superan 185 millones de pesos, a los bancos Intercam y CIBanco, así como a la casa de bolsa Vector.
Los cargos, revelados por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se refieren a la presunta vía de lavado de dinero del narcotráfico. Vector no fue sancionada por infringir las normas contra el blanqueo de capitales, pero recibió una multa de 27 millones de pesos por no notificar a sus clientes sobre cambios en la información de sus fondos, entre otras irregularidades. Intercam recibió 26 multas por más de 92 millones; CIBanco, 21 multas por más de 66 millones, y Vector, seis multas, por algo más de 26 millones.
Son sanciones relativamente light si se considera la magnitud de recursos que manejan y la gravedad de las acusaciones. Aparentemente las autoridades mexicanas ya se dieron por satisfechas, pero el Departamento del Tesoro podría tener otra opinión.
Entre otras cosas: La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, realizó un esfuerzo especial para tratar de ahuyentar la percepción de que el padrón y la lista nominal de electores serán entregados al gobierno federal en el marco de la aprobada integración de datos biométricos a la clave única de registro de población (CURP).
La nueva versión de la CURP contendrá, según las reformas legales recientes, datos como huellas dactilares, escaneo de iris, firma e imagen digitales y los datos personales usuales.
Aun cuando es cierto que en un gran número de aplicaciones por Internet ya hay recopilación de ese tipo de información biométrica, la concentración de datos correspondientes a la totalidad de la población adulta del país que esté en listas electorales genera fundado temor de malos manejos, por corrupción, que pueda llegar a manos criminales, como ya sucedió en otras ocasiones.
Un punto más delicado es el que desemboca en el explícito interés, o exigencia, del gobierno de Trump, de que México colabore con las tareas de seguridad nacional de EU aportando los datos biométricos de migrantes y de ciudadanos viajeros en general.
El pasado 1º de abril, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dejó saber que solicitó a la presidenta Sheinbaum compartir con las autoridades de la frontera con EU los mencionados datos biométricos.
Según Noem, la mandataria mexicana estaría abierta a analizar esa posibilidad, aunque la consideraba controversial. A su vez, Sheinbaum planteó: “Yo le explicaba a la secretaria (Noem) que en México no tenemos un sistema de identificación biométrica y que, en todo caso, eso tendría que ser parte de una mesa de trabajo.
Entonces, ese segundo acuerdo no se firmó”. Por lo pronto, la consejera presidenta del INE se mantuvo en la postura de rechazo a la posibilidad de aportar los datos del padrón y la lista nominal a la CURP biométrica, aunque aceptando la posibilidad lejana, no ahora, de que se llegara a plantear algo así, lo cual, en caso de darse, sería visto y decidido en su momento por el Consejo General del INE.
