*Inseguros 62% de Hidalguenses; Indolencia de Autoridades Estatales

*Gentrificación, ¿Quién y Cómo Pararla?

Cría cuervos… Aunque Julio Menchaca Salazar todavía no cumple tres años de haber asumido el gobierno de Hidalgo, en los últimos 10 meses su administración va en caída libre. Temas estridentes como el creciente huachicol e irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), han empezado a manchar su mandato.

El mes pasado se dio a conocer que en territorio hidalguense se registraron 610 tomas clandestinas en solo tres meses, lo cual reveló un alarmante incremento de 24.5 por ciento en el robo de hidrocarburos, y puso a Hidalgo a la cabeza de los estados con el mayor número de saqueos de ductos de Pemex a nivel nacional.

Mientras él mismo presume ser uno de los gobernadores mejor evaluados del país, los datos sobre el huachicoleo en Hidalgo y la escasa o nula prevención estatal de los delitos relacionados con esa actividad ilegal, confirman que en la entidad miles de litros de hidrocarburos son hurtados a plena luz del día, sin que ninguna autoridad hidalguense lo impida. Indolencia, colusión, temor…

Respecto al robo de gas LP del mismo sistema de distribución de Petróleos Mexicanos, en los primeros tres meses del año se detectaron 22 tomas clandestinas, 21 más que en el mismo periodo de 2024. En promedio, se ubicó una toma cada cuatro días.

Datos presentados por “Igavim, observatorio ciudadano”, que obtuvo a partir de información oficial emitida por Pemex, condujeron al mandatario hidalguense a reconocer que “posiblemente podría haber algún vínculo de exfuncionarios” con estas actividades. No obstante, adujo entonces, “aún no existen elementos suficientes para hacer pública más información”.

En relación a los resultados que emitió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a principios de este año, cuando expuso un posible desvío de recursos en el gobierno de Hidalgo, por un monto de 407 millones de pesos de participaciones federales SIN ACLARAR; el gobernador intentó minimizar el asunto al exponer: son apenas una “parte mínima” del presupuesto ejercido en 2023.

La realidad es que, con ese reporte de irregularidades y observaciones, la ASF puso a Hidalgo entre las 24 entidades con posibles desvíos de recursos del gasto federalizado no programable. Peor aún, con fecha de corte al 20 de febrero, se previno que el gobierno de Hidalgo no había podido justificar el destino de esos recursos.

El máximo organismo auditor señaló incluso haber detectado “anomalías que van desde la falta de documentación comprobatoria, hasta pagos en exceso o improcedentes”. Y de nueva cuenta, el gobernador Menchaca, cuestionado sobre las observaciones hechas por la ASF adujo: los 407 millones representan un porcentaje menor dentro del total de 60 mil millones ejercidos en la Cuenta Pública 2023.

El problema es que esta cantidad no es un caso aislado. La ASF no es la única que ha detectado inconsistencias en la administración estatal. La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) también observó irregularidades por 7 millones 63 mil 835 pesos en la misma cuenta pública. Y si esto no fuera suficiente, a nivel municipal, las inconsistencias suman 107 millones de pesos adicionales, lo que eleva aún más las dudas sobre el manejo de los recursos públicos en la entidad.

Con todo, el estado de Hidalgo sigue acumulando cifras que lo colocan entre las entidades con mayores irregularidades en el gasto público. Lo más preocupante radica en que esos recursos estaban destinados a programas de salud pública, cuyo acceso es una carencia muy sentida por los hidalguenses.

Las irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la atención de la salud en Hidalgo durante el ejercicio fiscal 2023 y parte de 2024, se convierten en una peligrosa realidad para las familias