Gobernabilidad: Veracruz se encuentra en un punto de inflexión histórica, marcado por la renovación de sus 212 ayuntamientos y el reacomodo de las fuerzas partidistas en el territorio. Este cambio de poderes no es un evento administrativo menor; representa la redistribución del mando local en una de las entidades más complejas y pobladas del país. A partir de la toma de protesta de los gobiernos municipales, el estado ingresa en una dinámica que debe responder a las exigencias de una ciudadanía que muestra una participación activa y cada vez más crítica.

La transición en los 212 municipios conlleva el reto de la continuidad o el quiebre de políticas públicas en áreas sensibles como servicios básicos, infraestructura y la apremiante seguridad ciudadana. La llegada de estas administraciones también implica un ciclo donde los alcaldes electos tienen la responsabilidad de sanear las finanzas públicas y establecer canales de comunicación directos con el gobierno estatal y federal para garantizar la gobernabilidad en una geografía estatal diversa, que va desde los grandes centros urbanos hasta las comunidades rurales más alejadas.

Proceso: Dentro de este complejo mapa municipal, los rubros de deuda y la referida seguridad pública se erigen como la principal preocupación para los ediles. Veracruz va en este ciclo con ayuntamientos que arrastran débitos públicos considerables, lo que limita su capacidad de maniobra. Históricamente Coatzacoalcos, Veracruz puerto y Xalapa figuran entre los más endeudados, no solo por créditos bancarios directos, sino también por pasivos relacionados con emisiones bursátiles y laudos laborales pendientes que asfixian el presupuesto.

A esta carga financiera se suma el desafío de la violencia dado qué los índices de delincuencia muestran una concentración alarmante en zonas ubicados en el corredor del sur, como Minatitlán y Coatzacoalcos, así como en la zona norte Poza Rica y Tuxpan. En estas localidades, la incidencia de delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, la extorsión y el robo de vehículos, obliga a las administraciones a replantear sus estrategias de coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La mezcla de una caja presupuestal vacía con un entorno de inseguridad persistente coloca a varios cabildos en una situación de vulnerabilidad extrema desde el primer día de su gestión. En cuanto a la configuración política, el escenario para la oposición en Veracruz enfrenta cambios drásticos. Tras los resultados en gobernanza, la hegemonía de Morena se mantiene sólida, pero la oposición logró retener o conquistar espacios estratégicos.

Movimiento Ciudadano emergió como la segunda fuerza al gobernar en 40 municipios y desplazando en varias regiones a los partidos tradicionales. El bloque conformado por el PAN y el PRI, aunque debilitado en comparación con décadas anteriores, mantiene el control en aproximadamente una treintena de ayuntamientos el primero y poco más de veinte el segundo. Destacan bastiones que la oposición logró defender con éxito como Boca del Río uno de los ejemplos más notables de resistencia para el panismo.

Sin embargo, el mapa general muestra una ventaja para el partido en el poder, Morena, que junto a sus aliados o de forma individual, dominan la gran mayoría del territorio veracruzano, incluyendo ciudades con gran peso electoral y económico verbigracia la capital Xalapa y Veracruz. Esto deja a la oposición con el reto de demostrar eficiencia administrativa en los pocos municipios que gobierna para intentar recuperar terreno de cara a los próximos procesos electorales, operando en un entorno donde la interlocución con el Poder Ejecutivo estatal será vital para la obtención de recursos extraordinarios.

¿Nahle?: La posibilidad de realizar un proceso de Revocación de Mandato en Veracruz es un tema que cobra fuerza en el debate público y jurídico. A la fecha existen condiciones legales para que este mecanismo de democracia participativa se aplique, siguiendo la tendencia nacional y las reformas locales que armonizan la legislación veracruzana con la Constitución Federal. Para que este ejercicio se lleve a cabo, se requiere que una parte relevante del padrón electoral lo solicite formalmente, cumpliendo con los requisitos de representatividad en un número determinado de municipios.

La discusión gira en torno a si la infraestructura del organismo electoral local y el presupuesto estatal permitirán organizar una consulta a mitad del periodo de la ingeniera Nahle. Políticamente, la viabilidad de la revocación depende del nivel de aprobación del Ejecutivo estatal y de la capacidad de movilización de los grupos sociales y políticos interesados en someter a juicio ciudadano a su gestión. Aunque el marco jurídico ya contempla esta figura, el verdadero desafío radica en la logística y en la voluntad ciudadana para activar un recurso que, hasta ahora, no tiene precedentes a nivel estatal en Veracruz, pero que se presenta como una herramienta de rendición de cuentas definitiva en el nuevo esquema de la política mexicana.