Adrián Arellano, uno de los abogados de la familia originaria de Ciudad Juárez afectada por el descarrilamiento del tren, informó que ya fue presentada una denuncia formal contra diversas constructoras y servidores públicos por presuntas irregularidades en la obra.

Arellano explicó que la denuncia se sustenta en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, las cuales documentan anomalías desde 2019 hasta la última auditoría realizada en febrero de 2025.

Entre los puntos clave, el abogado subrayó:
“Se advierte que hubo una mala supervisión, una mala construcción y, sobre todo, una mala rehabilitación.”

También señaló que, en los trabajos por los cuales fueron contratadas las empresas responsables, no existe evidencia documental suficiente:
“No existe evidencia fotográfica de la misma.”

El abogado detalló que las víctimas que representa —Juan Manuel, Flor y Alexis— son una familia misionera, que el 28 de diciembre se dirigía a Oaxaca para llevar ayuda humanitaria, pero no pudo llegar a su destino debido al descarrilamiento.

Ante estos hechos, informó que las víctimas manifestaron su voluntad de denunciar:
“El delito de lesiones derivado de estas omisiones, tanto de autoridades, como de contratistas, así como el delito de abuso de autoridad y contra quien resulte responsable.”

Arellano reconoció que la Fiscalía General de la República ya inició una investigación, y dejó claro que la intención de la defensa es colaborar activamente:
“Nuestra voluntad y deseo es colaborar con la misma, ser partícipes activos a través de las víctimas y aportar mayores datos para saber cuál fue la razón de este descarrilamiento.”

Finalmente, confirmó que la denuncia fue presentada formalmente y que será compartida de manera digital, ya que se basa directamente en los informes de la Auditoría Superior de la Federación.

Las víctimas buscan que la investigación no se limite a lo administrativo, sino que se determinen responsabilidades penales por posibles omisiones, fallas estructurales y abuso de autoridad en una obra pública que terminó en un hecho grave.