*Es tiempo de cambios reales en la política mexicana. Para ello se requiere un relevo profundo en quienes la ejecutan en Gobernación, Educación y Salud, para empezar

Así comenzó el nuevo año: a tambor batiente. Como preámbulo, el domingo 28 de diciembre se registró una fuerte sacudida provocada por un sismo de 6.5 grados, que se sintió con especial intensidad. En Acapulco fue particularmente fuerte; afortunadamente, no hubo daños que lamentar. Fue, sin embargo, una advertencia de lo vendría.

Poco antes, nos habíamos enterado del descarrilamiento del Tren Interoceánico: una obra importante, necesaria, pero ejecutada de manera deficiente, con las patas. El saldo oficial fue de 14 muertos, numerosos heridos —varios de gravedad— y una enorme cantidad de recursos públicos desperdiciados; más bien desviados al bolsillo de contratistas favorecidos que trabajaron con prisas y sin planeación. Como tantas otras obras faraónicas del gobierno de la llamada “transformación”, el resultado fue producto de la improvisación, los contratos a modo y, en una palabra, de la corrupción. La impunidad prevalece. Responsables hay; lo que no existe es la voluntad política para investigar y sancionar a quienes causaron estos desastres.

Así se despidió un año que dejó innumerables cuestionamientos sobre el desempeño gubernamental: un país donde, repito, la corrupción y la impunidad imperan.

Y apenas iniciado el nuevo año, amanecimos con la sorprendente —y para muchos, exitosa— operación del “secuestro” del dictador venezolano, Nicolás Maduro. Advertido estaba. Un episodio que ni en la mejor película de ficción parecería creíble. ¿Ilegal? Tal vez. ¿Contrario a las convenciones internacionales? Podría ser. Pero si usted, estimado lector, fuera uno de los más de ocho millones de venezolanos obligados a abandonar su país, difícilmente dejaría de aplaudir y agradecer la osada acción del gobierno de nuestro principal socio comercial, una operación que, sin duda, contó con la colaboración de alguien dentro del propio aparato del régimen bolivariano.

Por lo pronto, el dictador —que se autodefine como “decente” aunque en realidad sea un sátrapa— probablemente pasará el resto de sus días privado de la libertad, pagando las múltiples atrocidades cometidas tras años de abuso del poder.

La postura de algunos gobiernos “progresistas” ha sido clara: califican el hecho como un atropello a la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano; sin embargo, cabe preguntar si en una dictadura puede hablarse realmente de soberanía. Para este servidor, la respuesta es clara: no.

En su columna en Reforma, Jorge Suárez-Vélez explica que Jean-Jacques Rousseau sostenía que la soberanía de un Estado emana del pueblo. El poder político sólo es legítimo cuando deriva del consentimiento de los gobernados. La fuerza sin consentimiento no es soberanía; es usurpación.

Para nosotros y para el pueblo de México, las señales tampoco son alentadoras. Basta acudir al supermercado para constatar que los precios aumentan semana tras semana; el costo de las rentas de vivienda resulta alarmante y la creciente cantidad de inmuebles en venta es, cuando menos, preocupante.

Pero lo más grave es que la corrupción y la impunidad siguen rampantes. ¿Dónde están los responsables de los fracasos de las inútiles obras faraónicas del sexenio pasado? ¿O acaso debemos considerarlas un éxito?

A tambor batiente comenzó este año. Veremos si hay rectificación o ratificación en el desempeño gubernamental. Es tiempo de cambios reales en la política mexicana y, para ello, se requiere un relevo profundo en quienes la ejecutan en Gobernación, Educación y Salud, para empezar. Lo que ha sucedido en Venezuela puede ser una señal de lo que puede suceder en nuestro país en donde el vecino lo ha señalado como un narcogobierno.