Destino: La recurrencia de los movimientos telúricos en la Ciudad de México retoma un debate que parece cíclico pero que hoy adquiere una urgencia renovada: la viabilidad del crecimiento urbano sobre una cuenca lacustre. Ante la vulnerabilidad manifiesta, surge la interrogante de si lo sensato sería declarar una veda inmobiliaria definitiva. Esta propuesta, aunque radical, encuentra eco en sectores que ven con alarma cómo la densificación aumenta el riesgo sistémico.

Sin embargo, prohibir la construcción no es una solución mágica pues la realidad económica y social de la capital sugiere que una veda total podría empujar el desarrollo hacia la informalidad, donde las normativas de seguridad son inexistentes. El problema no reside en el acto de construir, sino en el dónde y el cómo.

Una veda selectiva en zonas de transición o de alta amplificación sísmica podría ser un mecanismo de mitigación, pero debe ir acompañada de una política de reciclaje urbano en zonas más seguras pues la presión demográfica no desaparece con un decreto; se desplaza. Por ello, más que una prohibición absoluta, el debate técnico se inclina hacia una regulación extrema que sujete cualquier licencia a estudios de microzonificación que hoy, en muchos casos, son ignorados por la vorágine del mercado.

Escenarios: Desde la perspectiva de la ingeniería de suelos, la crítica hacia la política de protección civil de las autoridades capitalinas es profunda y técnica pues los expertos señalan que existe un desfase entre la sofisticación del Reglamento de Construcciones y la aplicación práctica de los protocolos de protección civil. Para los ingenieros geotecnistas, el mayor pecado de la autoridad es la falta de transparencia y actualización de los mapas de riesgo dinámicos.

Se argumenta que la protección civil se concentró históricamente en la reacción y el simulacro, dejando de lado la prevención estructural profunda. Los especialistas subrayan que el suelo de la Ciudad de México no es uniforme y que las políticas públicas suelen tratarlo como un bloque sólido, ignorando las variaciones de las arcillas blandas que amplifican las ondas sísmicas hasta cincuenta veces. Existe la percepción de que las autoridades priorizaron la narrativa de la «resiliencia» sobre la inversión necesaria en instrumentación geotécnica. Para la ingeniería de suelos, la protección civil debería empezar por el subsuelo, exigiendo estudios de mecánica de suelos mucho más rigurosos y públicos, permitiendo que la ciudadanía conozca el comportamiento real del terreno que pisa.

Desenlace: Al analizar la respuesta social y gubernamental tras el sismo de 2017, se observa un fenómeno de claroscuros en el apoyo a la población afectada. En los meses inmediatos al desastre, la ayuda se articuló a través de un complejo entramado de fondos públicos y donaciones privadas. El Fideicomiso para la Reconstrucción se convirtió en el eje central de la acción gubernamental, aunque su ejecución fue lenta y quedó marcada por la burocracia.

Se instrumentaron programas de entrega de vivienda a fondo perdido para los sectores más vulnerables, mientras que para otros se diseñaron esquemas de redensificación, permitiendo a los edificios afectados construir niveles adicionales para financiar la obra. Sin embargo, el apoyo no fue solo material dado que la sociedad civil organizada cubrió huecos que el Estado dejó vacíos, desde el peritaje técnico gratuito hasta el acompañamiento legal para familias que perdieron sus escrituras. A pesar de estos esfuerzos, la recuperación fue desigual.

Mientras que en zonas de alta plusvalía la reconstrucción avanzó con celeridad, en las periferias y en unidades habitacionales del oriente de la ciudad, el apoyo se diluyó en procesos administrativos interminables, dejando a cientos de familias en una situación de incertidumbre que persiste años después del evento.

Riesgo: La identificación de las colonias de alto riesgo es fundamental para entender la geografía del peligro en la capital. El mapa de vulnerabilidad es, en gran medida de la antigua cuenca lacustre. Colonias como la Roma, la Condesa y la Juárez, a pesar de su dinamismo comercial, se asientan sobre terrenos de transición y depósitos lacustres que presentan un comportamiento altamente inestable durante sismos de baja frecuencia. Hacia el centro y el norte, la colonia Doctores y Tlatelolco mantienen una herida histórica por su susceptibilidad estructural.

No obstante, el riesgo se agrava significativamente en la zona oriente, donde colonias de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac enfrentan un fenómeno dual: la amplificación sísmica y el agrietamiento del suelo por la extracción de acuíferos. En estas zonas, el riesgo no solo proviene del movimiento telúrico en sí, sino de la vulnerabilidad de las viviendas autoconstruidas que no respetan los coeficientes de diseño sísmico.

La zona sur, específicamente en partes de Xochimilco y San Gregorio, también se clasifica como de alto riesgo debido a la licuación de arenas y el hundimiento diferencial. Estas colonias no solo requieren mejores protocolos de evacuación, sino un replanteamiento total de su infraestructura urbana, ya que la combinación de suelo blando y estructuras antiguas crea una «tormenta perfecta» que se manifiesta con cada gran sacudida del Pacífico, la placa de Cocos o grieta de Guerrero