Bajo  lupa de CIDH: De la deuda histórica al nuevo frente abierto por el empresario Ricardo Salinas Pliego el Estado mexicano enfrenta un nuevo capítulo de tensión ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que antecedieron 16 sentencias condenatorias qué transformaron  el marco legal del país.

La incipiente  demanda de Ricardo Salinas Pliego por presunta persecución política y violaciones a la seguridad jurídica pondrá a prueba la relación de México con los organismos internacionales y otro regional como la CIDH en la cual resalta el legado de su extinto juez y presidente el Doctor Sergio García Ramírez con la aprobación de sus siete jueces sobre el  Control de Convencionalidad. 

Modalidad: No se puede entender la relación de México con la CIDH  sin la figura del jurista  García Ramírez, cuya doctrina del Control de Convencionalidad. Es hasta la fecha la  herramienta jurídica la cual establece que los jueces y autoridades mexicanas no solo deben seguir la Constitución, sino que están obligados a aplicar los tratados internacionales y las sentencias de la CIDH por encima de cualquier ley local que vulnere derechos humanos. Este principio es el que hoy permite que ciudadanos y actores privados busquen protección internacional frente a decisiones del Estado.

Otros casos: De Rosendo Radilla al General Gallardo México fue obligado a indemnizar a víctimas en casos emblemáticos que marcaron un antes y un después en la justicia nacional. En ese orden  Rosendo Radilla (2009), que obligó a restringir el fuero militar, hasta el de las mujeres indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo (2010), las indemnizaciones fueron el menor de los costos frente a las reformas estructurales exigidas por el tribunal internacional.

Un referente de la  complejidad del sistema fue  el caso del extinto por COVID 19  General Francisco Gallardo. cuyo litigio inicio en 1994 tras su propuesta de crear un Ombudsman militar y tardó ocho años en resolverse. Gallardo fue liberado hasta 2002, una acción  que evidenció la lentitud de  la justicia internacional y  aunque contundente, suele ser un proceso que promedia entre 8 y 12 años  para las víctimas.

¿Persecución política?: En este contexto, la demanda presentada por el empresario Ricardo Salinas Pliego añade un carácter  inédito pues  a  diferencia de casos de desaparición forzada o tortura, Salinas Pliego alega que el uso del aparato judicial y fiscal en su contra constituye una violación a la propiedad privada y a las garantías del debido proceso. Sustentado  en el Control de Convencionalidad heredado por   García Ramírez, el empresario busca que la CIDH evalúe si las instituciones mexicanas  perdieron  su imparcialidad.

Fallo: La administración de la justicia recaerá en el abogado chileno Pablo Saavedra Alessandri quién se coordinará con los jueces que dictaran el rumbo doctrinal en tanto la operatividad del tribunal recaerá en el aludido Saavedra Alessandri, quien  ocupa  el cargo por dos décadas. Saavedra y el pleno de la Corte son  críticos con México en temas  como la militarización de la seguridad pública, el uso de la prisión preventiva oficiosa tras la sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y la autonomía judicial, al destacar  que cualquier injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial representa una alerta para la democracia en el continente. Con la posible admisión del caso Salinas Pliego y el seguimiento de sentencias históricas, México se mantiene como uno de los países con mayor carga de trabajo para la Secretaría de Saavedra, en un año donde la independencia judicial está en el centro del debate público.