El gobernador Alejandro Armenta sentenció que su administración ha iniciado una ofensiva legal y administrativa para revertir el saqueo institucionalizado que gobiernos anteriores enquistaron en Puebla durante décadas. Bajo un esquema de corrupción operado desde las propias instituciones, se detectó un modus operandi basado en la creación de deuda oculta y el uso de litigios estratégicos para desviar recursos que hoy son urgentes para atender a 400 mil familias en pobreza alimentaria y dignificar la infraestructura estatal.

El mandatario estatal explicó que el combate a esta corrupción no es una cuestión de confrontación política, sino una obligación jurídica, ya que no actuar constituiría una omisión legal. Armenta señaló que este sistema de saqueo permitió que empresas y exfuncionarios se sirvieran del presupuesto público a través de contratos diseñados para beneficiar a particulares, un esquema que el gobernador ha documentado y denunciado sistemáticamente para proteger el patrimonio de las y los poblanos.

Al respecto, Armenta enfatizó que su gobierno tiene la responsabilidad de precisar la información para que la ciudadanía acceda a datos reales y conozca la magnitud del daño patrimonial heredado. Subrayó que el objetivo central de recuperar estos recursos es fortalecer el Programa de Obra Comunitaria y garantizar servicios básicos de salud y educación que fueron relegados por el beneficio de intereses privados.

Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, detalló que la administración está integrando expedientes y presentando demandas formales, debido a que no se puede permitir que el erario siga secuestrado por particulares cuando las necesidades sociales son apremiantes. García Parra fue enfático al señalar que Puebla está dejando atrás la etapa de la opacidad y los recursos comprometidos para entrar en una nueva fase de reconstrucción y recuperación de su grandeza.

Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró que la transparencia será el eje de esta administración, aclarando que siempre habrá una respuesta puntual ante narrativas que intenten ocultar la verdad sobre el estado de las finanzas públicas, priorizando siempre el uso responsable de los recursos en beneficio de la gente.