Planteamiento: La estructura de nuestro  sistema político  se encuentra en  una transformación que modificará  la representación popular. La reforma electoral promovida  por la presidenta Claudia Sheinbaum no es un ajuste administrativo, sino una reingeniería  orientada a transitar hacia un modelo de democracia participativa más directo y menos costoso.

El cambio radica en la modificación de los procesos de selección y la arquitectura del poder legislativo, bajo la premisa  que un aparato gubernamental más austero es, por definición, más democrático. Esta visión buscará fortalecer mecanismos como la revocación de mandato y las consultas populares, integrándose como herramientas cotidianas del ejercicio del poder, al tiempo que   eliminará estructuras que la mandataria  considera obsoletas y  onerosas para el erario público.

Debate: Uno de sus temas relevantes   es la disminución  de legisladores en el Congreso de la Unión que  plantea disminuir la lista plurinominal en la integración de ambas cámaras. En el recinto  de  San Lázaro de los 500 integrantes  se proyecta restar 200 legisladores, dejando el cuerpo colegiado en 300 representantes elegidos por mayoría relativa.

Por su parte, el Senado de la República escenifica  un recorte proporcional de los 128 existentes para quedar en 64 escaños . Esta medida no solo busca un ahorro presupuestario considerable, sino que pretende que cada legislador cuente con el respaldo directo del voto ciudadano en las urnas, eliminando las cuotas de partido que definen a la política mexicana durante las últimas cinco décadas.

Objetivo: La instrumentación  de este nuevo esquema  prevé que la reforma sea discutida y aprobada con la celeridad necesaria para que sus disposiciones sean plenamente aplicables en los comicios intermedios de 2027 año que se perfila como el gran laboratorio de la nueva política, pues no solo se renovaría la Cámara de Diputados bajo las nuevas reglas de austeridad y representación directa, sino que también coincidiría con el proceso de revocación de mandato al que la presidenta Sheinbaum  confirmó que se someterá.

Para que este calendario sea viable, el marco legal debe quedar firme antes que inicie el año electoral, lo que obliga al Congreso a trabajar en un proceso de armonización legislativa que debe concluir antes del tercer trimestre de 2026.

Tiempos: Para consolidar estas iniciativas y asegurar que el proyecto de nación de la Cuarta Transformación continúe sin obstáculos legales, el grupo oficialista requiere de la llamada mayoría calificada. Lograr este objetivo implica que Morena y sus aliados  aseguren el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en el momento de la sesión. En términos numéricos, y considerando la asistencia total, se requieren 334 votos en la Cámara de Diputados y 86 votos en el Senado de la República.

Alcanzar este margen es vital para la presidenta, ya que solo a través de la mayoría calificada es posible realizar reformas constitucionales que blinden sus políticas públicas y permitan la reestructuración del aparato electoral sin depender de las facciones de oposición, garantizando así la fluidez de su agenda legislativa durante la segunda mitad de su mandato.

Desenlace: Esta reconfiguración del poder legislativo y electoral plantea un escenario donde la eficacia gubernamental y la representatividad de las minorías entrarán en una nueva dinámica de tensión. Mientras el gobierno sostiene que menos legisladores significan mayor cercanía con el pueblo y un uso más responsable del dinero público, la oposición PAN, PRI y MC advierten sobre el riesgo de centralizar las decisiones y reducir la pluralidad política. Lo cierto es que la ruta hacia 2027 ya está trazada, y el éxito de esta reforma dependerá de la capacidad de Morena para atenuar  sus fuerzas internas y  sus aliados, asegurando que cada voto en el Congreso se traduzca en un cambio permanente en la fisonomía de las instituciones mexicanas.

El debate que se avecina en los próximos meses será definitorio para la estabilidad del sistema. No se trata solo de números o de fechas en un calendario, sino de la definición del tipo de democracia que México ejercerá en las próximas décadas. La apuesta por la desaparición de los plurinominales y la concentración de la legitimidad en el voto directo de mayoría relativa obligará a los partidos a replantear sus estrategias territoriales y su relación con la ciudadanía. La meta de la presidenta es llegar al 2027 con un sistema renovado, donde el costo de la política se reduzca significativamente y la voluntad popular se exprese de manera más nítida, sin las mediaciones técnicas que, a juicio del actual gobierno mantienen  distanciado a los representantes de sus representados.