*Nos distraen de problemas económicos y desconfianza empresarial

Miguel A. Rocha Valencia

Muy oportunos llegaron los escándalos de Julio Scherer Ibarra y de Marx Arriga, prominentes cómplices de la 4T; el primero, como “gestor de dinero y financiamientos a partir de carpetas de investigación y el otro con la transformación de libros de texto en libelos adoctrinadores y mal hechos.

Oportunos decimos porque ayudan a la actual administración a reconsiderar desde el interior algunas políticas públicas que a sabiendas de que estaban mal las defendían por complicidad o principios ideológicos y causan grave daño al país, nos impide crecer y se refleja en crisis financiera más allá de los temas de seguridad, educación y salud.

Y justo cuando los escándalos están en efervescencia, investigadores del Center for Strategic and International Studies, afirman que “la incertidumbre en la gobernanza fiscal y en la aplicación de las leyes tributarias ya está frenando nuevas decisiones de inversión en México, pese al auge del nearshoring y a los niveles récord de comercio con Estados Unidos.

Reconocen que en 2025 se alcanzaron máximos históricos en inversión extranjera directa, pero en global que incluye la privada y pública nacional, retrocedió 10 por ciento. La local cayó dos por ciento y la gubernamental se desplomó 26 por ciento.

Los expertos de Diego Marroquín Bitar y Ryan C. Berg culpan de ello a “decisiones de política interna que han elevado el nivel de riesgo, en particularmente incertidumbre fiscal”. Es obvio que se refieren a la jornada laboral de 40 horas y el ajuste salarial sin fundamento de productividad. En el sector manufacturero exportador, la aplicación discrecional y, en algunos casos, retroactiva de las normas tributarias ha comenzado a modificar el comportamiento de las empresas.

Una encuesta publicada por El Financiero revela que las empresas que operan en México evitan cada vez más recurrir a los tribunales y prefieren medición o arbitraje ante la incertidumbre jurídica que ensombrece al país tras la reforma judicial; otras afirman, están reconsiderando sus planes de inversión, recelosas de jueces inexpertos, fallos erráticos y lo que muchos consideran un sistema recientemente politizado.

Afirman que sus decisiones están “plagadas de errores flagrantes o aparentes sesgos disuaden a las empresas de presentar demandas, mientras que algunas inversiones se retrasan o se suspenden ante las dudas sobre el cumplimiento de los contratos” que abarcan energías renovables como hidrocarburos, además de infraestructura asociada, como líneas de transmisión, gas y almacenamiento.

Sobre el particular, la Coparmex plantea que la estabilidad económica y jurídica deben ser un compromiso innegociable, y si se pretende atraer inversión al país, hay que evitar enviar señales contradictorias con reformas que generan polarización y cuestionamientos”.

Juan José Sierra Álvarez, presidente del sindicato patronal afirmó que “en los últimos años, la acumulación de reformas ha generado señales de cautela en el mercado interno y externo, lo que demuestra que la confianza no se decreta: se construye con reglas claras, estabilidad y diálogo constructivo”.

Coincidentemente con Brett Carmel, socio fundador de Seale & Associates considera que el principal incentivo para los inversionistas es la claridad y la certeza. Eso es lo que buscan. Quieren claridad y certeza para que, al realizar una inversión, sepan cómo será el entorno para su negocio en el futuro”.
En suma, no hay confianza para invertir en proyectos directos, aunque sí en papeles de gobierno, como ocurrió con Pemex que de nuevo colocó en el mercado a tres plazos y tasas distintas por más de 63 mil millones de pesos que en un principio eran 31 mil 500 millones, pero la gran demanda duplicó la oferta de compra.

Dicen que ese dinero servirá para pagar a pasivos financieros con vencimiento en este año, aunque la verdad ya no se sabe. Por lo pronto más deuda con cargo a los contribuyentes.