*La SCJN reconoce que el lenguaje incluyente es una herramienta para combatir la discriminación estructural

Las personas de la diversidad sexual y de genero aparte de ser centro de la discriminación, los señalamientos, las agresiones físicas, y verbales enfrentan tratos indignos, barreras administrativas, burlas, negligencias o desconocimiento cuando acuden a realizar un trámite, a solicitar un servicio o a ejercer un derecho.

Cuando el Estado reproduce prejuicios, no solo discrimina, viola derechos humanos”.

Lo anterior fue señalado por la diputada y Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios.

Con base a ese tipo de agresiones presentó desde el Congreso capitalino una iniciativa que dijo “no es simbólica, decorativa o retórica. Es una reforma estructural para garantizar que el Gobierno de la Ciudad de México actúe conforme al mandato constitucional de igualdad sustantiva y no discriminación.

Es así como presentó el Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativo a la capacitación en materia de diversidad sexual y perspectiva de género para las y los servidores públicos que se encuentren adscritos a áreas de atención ciudadana y a su armonización en lenguaje incluyente

Sobre el tema señaló “partimos de una premisa clara: los derechos humanos no se garantizan únicamente con su reconocimiento en la ley. Se garantizan cuando las instituciones públicas los comprenden, los interiorizan y los aplican en cada acto de autoridad.

Por lo que esta iniciativa que subió ayer a tribuna la representante popular establece tres ejes fundamentales y así lo manifestó:

“PRIMER EJE: FACULTADES CLARAS Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES

Primero, dotamos de facultades claras a la Jefatura de Gobierno y a la Secretaría de Gobierno para que exista una conducción política e institucional firme en materia de capacitación obligatoria en diversidad sexual y perspectiva de género.

No podemos seguir dejando la formación en derechos humanos como un tema voluntario o aislado. Debe ser una política pública transversal, articulada y permanente.

COMO UN SEGUNDO EJE: TRANSVERSALIZACIÓN OBLIGATORIA DESDE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL

Esta reforma establece que la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, será la responsable de transversalizar la capacitación permanente y obligatoria en materia de Diversidad Sexual y Perspectiva de Género en coordinación con la Secretaria de Mujeres.

Y esto no es menor pues estamos estableciendo que todas las personas servidoras públicas adscritas a áreas de atención ciudadana en todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México deberán capacitarse.

¿Porqué? Porque es precisamente en la ventanilla, en el módulo, en la oficina, en el hospital, en el ministerio público, donde se juega la dignidad de las personas”

Asimismo, señaló que es muy importante reconocer de manera firme y sincera a la Jefa de Gobierno “por la creación de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (UNADIS), una decisión política que no es cosmética, sino profundamente transformadora. La UNADIS significa colocar la dignidad de las personas LGBTTTIQ+ en el centro del gabinete y del ejercicio público, con enfoque de derechos humanos y justicia social”.

Para la representante popular, el Congreso tiene la responsabilidad histórica de acompañar este esfuerzo, de plasmarlo en las leyes y de transversalizar todo el marco jurídico para que la inclusión no dependa de voluntades individuales, sino que quede asegurada como mandato normativo permanente.

Así lo manifestó: “la transversalización implica que esta capacitación no quede confinada a una sola dependencia, sino que se incorpore en todo el gabinete, en todos los niveles de gobierno y en todos los espacios donde exista ejercicio de función pública.

Finalmente, dijo que como un Tercer Eje está el de ARMONIZACIÓN DE LENGUAJE INCLUYENTE EN LA LEY

Por lo que explicó que La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el lenguaje incluyente es una herramienta para combatir la discriminación estructural. Y organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han señalado que los Estados deben revisar marcos normativos que reproduzcan exclusiones.