Continuidad: La reelección en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) representa uno de los elementos  más complejos de nuestra  arquitectura institucional, donde la fiscalización técnica suele colisionar con los intereses de la alta política. De acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el titular de este órgano puede ser nombrado por un periodo de ocho años y tiene la posibilidad de ser ratificado por otro  adicional por una sola vez. Sin embargo, este proceso no es un trámite automático ni una concesión graciosa; requiere de una votación por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que obliga a las fuerzas políticas a un consenso casi absoluto de dos terceras partes. Este mes el  escenario regresó a la mesa de debate al ubicar  la autonomía real de un organismo diseñado para ser el «el guardián» del erario, pero que históricamente es percibido como un instrumento de negociación o de protección para el poder en turno.

Variables: La posibilidad de que un auditor se mantenga en el cargo por dieciséis años consecutivos genera tensiones profundas sobre la renovación de los criterios de auditoría. Si bien la continuidad puede argumentarse como una forma de fortalecer la memoria institucional y dar seguimiento a procesos legales de largo aliento, los detractores sostienen que la permanencia prolongada fomenta la creación de cotos de poder y relaciones de dependencia con los entes auditados.

En el contexto actual, la discusión sobre la reelección no solo gira en torno a la eficiencia administrativa, sino a la credibilidad de los informes presentados ante el Congreso. Un auditor que busca la reelección se encuentra en una posición de vulnerabilidad política, pues su ratificación depende directamente de los mismos legisladores cuyos partidos o gobiernos estatales están bajo su escrutinio. Esta contradicción llevó  a la sociedad civil a cuestionar si la figura de la reelección en la ASF es compatible con una vigilancia imparcial.

¿Colmenares?: El caso de David Colmenares, el actual titular, personifica  estas dudas. Propuesto y elecito originalmente en 2018 durante la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto,  llegó al cargo con el respaldo de una amplia coalición legislativa, pero bajo la sombra de sospechas sobre pactos de impunidad. Su gestión es señalada por una marcada «docilidad»» en la revisión de la última cuenta pública del sexenio de Peña Nieto, donde se acusó que las observaciones sobre desvíos monumentales fueron diluidas o presentadas con un rigor menor al esperado tras los escándalos de corrupción que marcaron esa administración.

Esta cautela inicial fue interpretada por analistas como el pago de una cuota para  asegurar una transición sin sobresaltos para el grupo político saliente, mientras se preparaba el terreno para navegar en las turbulentas aguas del nuevo gobierno. La relación de Colmenares con la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue, por decir lo menos, errática y cargada de simbolismo político. El momento de mayor fricción ocurrió en febrero de 2021, cuando la ASF publicó un informe que estimaba el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco en más de 331 mil millones de pesos, una cifra que triplicaba los datos oficiales del Ejecutivo. La reacción de AMLO fue fulminante, acusando al órgano de estar «al servicio de la oposición» y de realizar cálculos erróneos con fines políticos.

Ante la presión presidencial, la Auditoría se retractó de manera casi inmediata, admitiendo «inconsistencias» en sus propios datos, un movimiento que hirió de muerte la percepción de independencia del organismo. A partir de entonces, las voces críticas señalaron que la ASF entró en una etapa de subordinación, donde los informes se volvieron menos objetivos y la fiscalización de las obras emblemáticas del sexenio, como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, fue recibida con suspicacia por la falta de hallazgos contundentes. Escenario: Planteada bajo estos antecedentes, la intención de reelegir al actual titular no es solo un asunto de continuidad técnica, sino un movimiento  estratégico.

Para quienes defienden su permanencia, Colmenares logró mantener a flote la institución en un periodo de polarización extrema, evitando una ruptura total con el Poder Ejecutivo que  dejaría  a la ASF en la inoperancia. Sin embargo, para sus críticos, su reelección representaría la consolidación de una «auditoría a modo», donde la técnica se dobla ante la política para evitar el conflicto. El señalamiento  de AMLO, que en su momento pareció una ruptura, terminó operando como un mecanismo de disciplina : al   «corregir» públicamente, la Auditoría pareció entender los límites de su audacia. Esto plantea una paradoja peligrosa para la democracia mexicana: un auditor que es lo suficientemente cuidadoso para no incomodar al pasado (Peña Nieto) y lo suficientemente flexible para no irritar al presente (el movimiento de la Cuarta Transformación).