“Hoy desde esta tribuna voy a proponer algo muy concreto pero profundamente transformador: Modificar el artículo 33 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México en su fracción V, para reconocer explícitamente a las narraciones orales como parte del patrimonio cultural inmaterial.

Es decir, pasar de una mención general a un reconocimiento claro, esta es también una iniciativa con perspectiva de género e interseccional. Porque la narración oral ha sido sostenida, en gran medida, por mujeres.

Ellas que han transmitido lengua, cultura y memoria sin reconocimiento, sin remuneración y muchas veces desde la invisibilidad”.

Lo anterior fue manifestado por la legisladora y Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios durante la presentación de su iniciativa.

En su lectura agregó: “Por eso esta iniciativa parte de un principio muy claro: la cultura también es un derecho humano. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la cultura y la obligación del Estado de proteger el patrimonio cultural, incluyendo el patrimonio inmaterial”.

Asimismo, dijo que la Ley de Patrimonio Cultural de la Ciudad de México menciona de manera general las “tradiciones y expresiones orales”, pero no reconoce de forma expresa a la narración oral como una práctica específica que requiere protección, fomento y políticas públicas.

Con base a lo anterior comentó que reconocer la narración oral también es reconocer ese trabajo de cuidado cultural que ha sido históricamente invisibilizado.

La legisladora, Sánchez Barrios dejó en claro que en un mundo donde todo se vuelve inmediato, digital y desechable, la narración oral sigue siendo un espacio de encuentro humano. “Un espacio donde la comunidad se reconoce, se escucha y se reconstruye. No es un vestigio del pasado, es una herramienta viva de resistencia cultural”.

Además agregó, que cuando una o un cuentacuentos llega a una colonia y reúne a niñas y niños, “no sólo narra una historia: abre un mundo. Cuando una narradora comparte un relato en una plaza, no sólo entretiene: fortalece el tejido social”.

Por eso, para la representante popular es importante reconocer la narración oral en la ley ya que de esta forma se reconoce el derecho a la memoria. “El derecho a la identidad, a la palabra es democratizar la cultura.

Y es, sobre todo, un acto de justicia social. Porque al final un pueblo que pierde sus historias, pierde su identidad. Pero un pueblo que reconoce su memoria, se fortalece, se dignifica y construye futuro.

Para concluir, la legisladora comentó “nos contaron historias para dormir, pero también para resistir. Nos hablaron de la familia, del barrio, de las luchas, de los dolores y de las alegrías.

Y sin saberlo, en ese acto cotidiano, estaban haciendo algo profundamente político: estaban transmitiendo memoria, identidad y comunidad. Porque la narración oral no es un acto menor, es el primer territorio de la identidad.

Así han vivido y resistido también nuestros pueblos originarios.

A través de la palabra hablada han cuidado el corazón de sus culturas: sus saberes y su cosmovisión. Ahí donde no llegó el libro, llegó la voz”.