*Con ese TEPJF afín a la 4T no hay garantía de elecciones limpias

Desde que Mónica Aralí Soto Fregoso se reunió con Sergio Gutiérrez Luna en diciembre de 2023, se supo que ella sería la nueva presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego de dar “golpe de estado” a Reyes Rodríguez Mondragón.

Y cuando la bajacaliforniana asumió la titularidad del TEPJF se supo que la institución estaría dominada por Morena. Soto Fregoso pagó el regalo, entregando a la 4T de manera fraudulenta la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y con ello, al poder Judicial y todas las instituciones autónomas incluyendo las electorales donde el INE ya estaba colonizado por la sonorense Guadalupe Taddei Zavala.

Mayor garantía de triunfo no podía haber; a partir de ahí México cambió institucionalmente ya que desde el poder Legislativo todo el andamiaje jurídico se cambio en favor del centralismo decretado por la 4T convertida en juez y parte, donde la flagrante corrupción interna se cobija pero se inventa en los contrarios, críticos y quienes no se someten a la voluntad de palacio Nacional desde donde se hizo más cínica, abierta y grosera la persecución a los que se revelan.

De tal suerte que ante una simple presunción, se exhibe, persigue, investiga y si es posible, se encarcela a los que aun protestan, pero a los de casa, se les protege con el sagrado manto de la impunidad y si es necesario se les exonera a través de las instituciones antes autónomas y hoy colonizada como son la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral del Poder Judicial, el INE, Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, el SAT o al menos se le inmola en la hoguera de palacio Nacional como lo hacían los Aztecas en ese mismo sitio con sus presas.

Pero si se trata de los propios, se les defiende y justifica desde la tribuna más alta, se exigen desde el trono de la nueva monarquía que se presenten pruebas de la presunta corrupción de cuatroteros, más si se trata de la familia, compadres y amigos de los jefes de la nueva mafia en el poder.

Más aun, si existe alguna prueba hecha pública a través de videos, documentos o grabaciones, no se persigue al presunto delincuente sino al denunciante y en última instancia, as pesar de la presencia de testimonios de culpabilidad, se exige la presentación de la denuncia correspondiente, acción que sólo podría salir precisamente desde el seno del oficialismo, es decir, las fiscalías locales o federal.

Peor todavía, si esa denuncia existiera se desvirtúa o se ignora. Si fuese necesario, desde alguno de los órganos bajo control del oficialismo, se procede a desvirtuar el testimonio y exculpar al presunto responsable de una acción irregular o punible por la ley o reglamento.

Casos hay muchos y ninguno ha procedido a por lo menor fincar responsabilidad como ocurre no sólo en el asunto del huachicol con hidrocarburos y fiscal de donde han salido dineros para campañas de Morena, o la transferencia de recursos de dudosa procedencia para “fortalecer” al “movimiento” como los sobres con 400 mil pesos que mensualmente recibía Pío Lorenzo López Obrador de manos del chiapaneco David León.

La evidencia no es sólo gráfica y por tanto contundente, sino que además hay confesión abierta de que se recibía ese dinero y para qué estaba destinado y a pesar de ello, Mónica Soto se vuelve a vestir no de magistrada del TEPJF sino de charra guinda para decir que no hay facturas o registro de tales entregas y por lo tanto, el hecho no existió.

Ni siquiera contó que, en su momento, el propio jefe del Ejecutivo, beneficiario de esos y más dineros, reconociera que eran para su movimiento, para él. Para el TEPJF, El hecho no existió y por lo tanto no hay delito y el criminal es inocente, en cambio quien denunció los hechos ahora será perseguidos por los mismos que exoneraron al presunto delincuente.

No sabemos si los autores de la denuncia pública vayan a ser perseguidos ahora por las “autoridades” que manipulan desde palacio Nacional o La Chingada, que ya es de suyo reprobable, peligroso y revelador de que la justicia y las instituciones impartidoras de la misma está en manos de la 4T.

Ahora con lo dictaminado por el Tribunal donde ni siquiera les llamó la atención la existencia, entrega y etiquetado de recursos financieros de dudosa procedencia a los que ni siquiera la UIF les dio importancia, nos preguntamos si valdrán testimonios de violaciones electorales vulgo impugnaciones por el uso de recursos no explicados o excesivos por parte de aspirantes cargos públicos de Morena y cómplices.

Eso ya ocurrió en las pasadas elecciones y por lo que se sabe por documentos, grabaciones y videos, también sucedió en procesos electorales anteriores a 2018 donde incluso se involucra al crimen organizado no sólo con dinero sino en logística con el secuestro e intimidación de oponentes o electores.

La verdad los mexicanos nos enfrentamos a un panorama muy incierto en materia electoral donde no sólo el oficialismo pondrá en juego todo el aparato y recursos del gobierno federal y estatales sino también el sometimiento de las instituciones comiciales para asegurar no un triunfo legítimo, sino un carro completo a como dé lugar.

Por que si violan la ley ¿Quién va a recibir las pruebas, a indagar o en su caso sancionar? Ni modo que ellos mismos o “sus” instituciones. Está probado que en Morena todos son inocentes porque como en una organización criminal que se respete, no hay testigos ni acusadores pues todos, todos, son cómplices,
Todos sabemos eso, pero su cinismo es tal que ya ni la burla por lo burdo de su actuar les hace mella.