*Las carreras de caballos en México atraviesan su peor crisis en la historia moderna. Y no es casualidad: es consecuencia directa de la omisión sistemática de la autoridad reguladora: la DGJS

Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

Hace cinco años, en una entrevista con Eduardo Ruiz-Healy en Radio Fórmula —titulada ¿Podrá una Nueva Ley de Juegos Salvar a una Industria en Agonía? —quedó claro que la industria hípica mexicana llevaba ya demasiado tiempo pidiendo auxilio. Hoy, la situación no solo no ha mejorado: ha empeorado de manera alarmante.
La conclusión es inevitable: al gobierno del llamado “segundo piso de la cuarta transformación” simplemente no le interesa la industria hípica. No es prioridad. No existe en su agenda.

Las carreras de caballos en México atraviesan su peor crisis en la historia moderna. Y no es casualidad: es consecuencia directa de la omisión sistemática de la autoridad reguladora y del incumplimiento reiterado de la empresa permisionaria, tolerado —o peor aún, ignorado— por el Estado.

Hoy sabemos que los dueños de Codere buscan vender la empresa. Esto no es un dato menor: revela con claridad el desinterés y la falta de viabilidad del negocio en México bajo las condiciones actuales. Si el propio concesionario está buscando salir, ¿qué futuro puede tener la industria?

Codere México explota una concesión sobre un terreno de aproximadamente 52 hectáreas en una de las zonas más valiosas de la Ciudad de México: el Hipódromo de las Américas. Se trata de un bien del dominio público federal. No es propiedad privada. Es patrimonio de la nación.

La pregunta es obligada: ¿cómo es posible que un activo de tal valor estratégico esté siendo subutilizado, deteriorado y explotado sin que la autoridad intervenga?

Más aún: existen indicios claros de que la estructura accionaria de la empresa contraviene condiciones fundamentales del permiso, particularmente en lo relativo a la participación mayoritaria de capital mexicano (clausula primera del permiso). Estamos frente a una violación directa del permiso que ostenta.

A ello se suman incumplimientos evidentes y documentados: instalaciones deterioradas, caballerizas en condiciones inaceptables, abandono operativo y una evidente desviación del objeto principal del permiso.

El espectáculo hípico ha sido reducido a su mínima expresión. Carreras únicamente los fines de semana, premios irrelevantes, competencias con pocos participantes y una base de propietarios y criadores que se reduce año con año. La industria se está desmoronando frente a nuestros ojos.

Esto no es una crisis: es un colapso.

Mientras tanto, miles de empleos especializados desaparecen lentamente. Entrenadores, jinetes, veterinarios, criadores… todos forman parte de una cadena productiva que hoy está siendo destruida por la negligencia.

Y por si fuera poco, la situación financiera de la empresa es precaria. La confirmación de un crédito fiscal superior a los mil millones de pesos por parte de la Suprema Corte no solo evidencia problemas de cumplimiento fiscal, sino que cuestiona seriamente la capacidad operativa de la concesionaria.

Entonces, la pregunta central no es retórica, es urgente:

¿Qué diablos tiene que pasar para que la autoridad haga cumplir el permiso?

Porque aquí no estamos hablando de un conflicto entre particulares. Estamos hablando de un bien público, de una concesión federal y de una industria completa que está siendo abandonada.

La responsabilidad es clara y tiene nombre: la autoridad reguladora.

Cada día que pasa sin acción es una forma de complicidad. Cada incumplimiento tolerado es una renuncia al Estado de derecho.

El Hipódromo de las Américas no es solo un recinto: es el símbolo de una industria que pudo ser próspera y que hoy está siendo dejada morir.

Y frente a ello, el silencio del gobierno no es neutralidad.
Es abandono.