Regular el uso de chips en telefonía de prepago

Ignacio Arellano Mora

En el foro virtual sobre “Registro de Usuarios de Telefonía Móvil”, diputados federales, funcionarios, concesionarios y sociedad civil externaron sus comentarios sobre las iniciativas en la materia que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El objetivo es que este Registro brinde seguridad a la población, y en particular reduzca los delitos de extorsión.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Víctor Manuel Pérez Díaz, explicó que el foro abona al análisis de las iniciativas sobre un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil para normar su funcionamiento, así como regular la compra de tarjetas SIM prepago, a fin de conocer quiénes son los dueños de las líneas telefónicas y reducir su uso en actos delictivos.

Indicó que hay cerca de 140 millones de líneas y, de ellas, 122 millones son móviles. “Nos interesa escuchar todos los puntos de vista sobre cuánto nos cuesta implementarlo y cuánto el no hacerlo”.

Pérez Díaz llamó a encontrar cómo el marco jurídico ayudará a solucionar definitivamente el tema del secuestro, robo y la comisión de delitos a través del uso de la telefonía móvil por medio del chip.

“Debemos hacer algo, pero en el marco del respeto a los derechos humanos; la presunción de inocencia no se puede evadir ni incluir en una iniciativa que pasará a ser política pública; hay que proteger los datos personales y visualizar la factibilidad económica de implementar el registro”, añadió.

AUMENTÓ EL DELITO DE EXTORSIÓN

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), consideró indispensable la regulación de la propuesta planteada en las iniciativas y recordó que en esta Legislatura “nos hemos caracterizado por realizar esfuerzos para revisar una estructura y mecanismo punitivos, a fin de fortalecer el papel institucional del Estado”.

Relató que hace meses se aprobaron modificaciones institucionales para incorporar ciertas conductas, como delitos que ameritan prisión preventiva, dada su recurrencia. La extorsión, dijo, aumentó y los afectados son los ciudadanos.

La delincuencia actúa con una mayor violencia; es necesaria la regulación y respetar los datos personales, afirmó.

PAÍSES DE PRIMER MUNDO NO TIENEN ESE TIPO DE REGISTRO

El diputado Carlos Elhier Cinta Rodríguez expresó, si el 90 por ciento de los usuarios de telefonía son de prepago, lo que se impulsará con las iniciativas es un mercado negro de chips y no habrá efectividad en reducir la extorsión. Además, dijo, países de primer mundo, como Canadá y Estados Unidos no tienen ese tipo de registros, por lo que es importante conocer cómo controlan el tema de extorsión y qué les funciona.

Juana Carrillo Luna, pidió conocer lo que recomienda el Instituto Federal de Telecomunicaciones y cómo se podría transitar a una reforma que salvaguarde la integridad de los usuarios y que sepan que sus datos no serán usados para la extorsión.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores expresó su inquietud sobre los proyectos prioritarios del Gobierno, dado el presupuesto que se aprobó para el siguiente año en la Cámara de Diputados para tal fin.

El diputado Erwin Jorge Areizaga Uribe mencionó que es preocupante el tema de extorsión y se debe hacer algo diferente. “Sabemos que no se va a acabar este ilícito, pero sí hay que poner candados; lo que se apruebe beneficiará a la sociedad que está tan lastimada por los temas de inseguridad”.

USAN HASTA SEIS NÚMEROS TELEFÓNICOS EN SECUESTRO O EXTORSIÓN

Ignacio Hernández, titular de la Unidad Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, comentó que hay instrumentos que usa la delincuencia para secuestrar y extorsionar, entre ellos los teléfonos celulares y los chips de telefonía de prepago, que son de costo accesible y sin registro del adquiriente.

La propuesta, expresó, va enfocada a que el sujeto obligado no sea el usuario, sino el concesionario, como se hace en la telefonía de pago mensual o renta, para que ellos recaben los datos y el Ifetel tenga control de esta información.

“Es preocupante que en un secuestro o extorsión se usen cinco o seis números telefónicos y no se tenga el registro de quién es el que controla ese chip de telefonía”.

DELITO DE EXTORSIÓN CRECIÓ DE MANERA IMPORTANTE

El titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, David Pérez Esparza, mencionó que la extorsión ha crecido de manera importante. De acuerdo con el INEGI, es el delito más frecuente en 14 entidades y el centro del país tiene una cifra alta.

De los 33 millones de delitos que se comenten en México anualmente –el segundo es el de extorsión– más de seis millones de extorsiones se cometieron el año pasado.

Indicó que hay un incremento importante en el costo social de extorsión; en 2018, 12 mil millones de pesos se canalizaron al crimen organizado producto de este ilícito.

Desde 2019, dijo, se trabaja en una base de datos, cuyo objetivo es que los ciudadanos realicen una denuncia a la línea 089 y al 911 para reportar una extorsión; en octubre de este año se recibieron 10 mil llamadas.

SOLUCIONAR CRECIMIENTO DELICTIVO

Rafael Eslava Herrada, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, coincidió en la necesidad apremiante de encontrar una solución al crecimiento exponencial en materia delictiva e identificar los medios que permitan abatir este problema de seguridad pública.

Refirió que el artículo 6º constitucional señala que es función del Estado garantizar el derecho de acceso a las tecnologías y servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que es necesario analizar una medida legal a efecto de no perjudicar en otros ámbitos la labor del IFT como regulador en telecomunicaciones.

VERIFICAR EL REGISTRO CON DATOS BIOMÉTRICOS

El comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Sóstenes Díaz González, señaló que un registro requiere que se realice una verificación contra una base que contenga datos biométricos y esto podría tener como ventaja reducir la posibilidad de fraude.

Sería obligación de los usuarios proporcionar la información necesaria para el registro, como nombre, identificación y comprobante de domicilio.

Los concesionarios deberían validar los datos e inscribirlos en la base del IFT. Una vez implementada se debería establecer quiénes pueden acceder a esa información y protección de datos.

DAR CERTEZA DEL BUEN MANEJO DE DATOS

Carlos Gorostiza Zatarain, ex director general en la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, destacó la importancia del registro y estimó fundamental su implementación, en especial la certeza del buen manejo de los datos personales de los usuarios y que se informe de los procedimientos a seguir en caso de pérdida o robo del celular para deslindar cualquier mal uso.

CONCESIONARIOS

Miguel Calderón, vicepresidente nacional de vinculación de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, subrayó que aún con registro de identidad confiable, los criminales podrían hacerse de un teléfono robado para realizar sus delitos.

Resaltó que no hay forma de garantizar que las personas que contraten un servicio mantengan los mismos datos en un periodo posterior y los menores no tendrían acceso a los servicios; solicitó analizar otros medios de solución.

Fernando López, director regional para México y Centroamérica de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, indicó que habría que revisar si realmente la comisión de estos delitos está vinculada con el registro al teléfono móvil. Consideró que la sociedad lo agradecerá en la medida que se aseguren sus derechos y que se emprendan las medidas adecuadas para combatir la delincuencia.

Lucas Gallitto, director de política pública de la Asociación Global de Sistemas Móviles de Comunicación, comentó que si bien no hay duda de que los delincuentes y terroristas utilizan tarjetas sin prepago para mantenerse anónimos, no hay evidencia empírica que demuestre que el registro de usuarios conduce a una reducción en la actividad delictiva.

Consideró que el registro puede tener aspectos negativos como generar una restricción de accesibilidad para los consumidores.

Gabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, expuso que el registro no ha funcionado ni lo hará, pues el tener uno de tipo biométrico y con huella tendría un costo de más de 21 mil millones de pesos.

Además, dijo, durante los últimos cinco años se ha emprendido una coordinación de las autoridades para impedir llamadas desde los penales.

El vicepresidente de asuntos externos de AT&T México, Daniel Ríos Villa, argumentó que varios países de América Latina han decidido utilizar este registro, pero “no han encontrado evidencia clara ni contundente de que impacten en la reducción de delitos como la extorsión. La legislación debe proteger datos personales y es necesario analizar su diseño porque son más de cien millones de líneas y se necesita estudiar si es el mecanismo idóneo”.

Daniel Bernal, director de regulación de América Móvil, señaló que cualquier mecanismo que limite el acceso a los servicios de telecomunicaciones atentará contra el acceso de los ciudadanos a los servicios de comunicaciones que hoy en día son el principal medio de acceso a la educación, salud y trabajo.

“Un registro de esta naturaleza no es una herramienta idónea para la lucha contra la delincuencia”, advirtió.

SOCIEDAD CIVIL

Jonathan Estrada, jurídico de Telecomunicaciones 360, subrayó que esta iniciativa busca combatir la extorsión y fraudes, “pues se estaría formando una base de datos con la que se estaría identificando los principales insumos para la delincuencia organizada, que es el nombre y el teléfono”. Expresó que en los lineamientos deben haber candados perfectamente definidos.

Zaira Pérez, directora de desarrollo de ecosistemas de negocio para Latam, señaló que con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil sí se tuvo muchas duplicidades o robo de identidad porque no existían las condiciones y la tecnología no estaba disponible y al alcance de todos, pero hoy en día sí se puede. Consideró que habrán de impedirse delitos como el fraude que se comete con aplicaciones móviles bancarias.

Isabel Davara, vicepresidenta jurídica de la Asociación de Internet MX, sostuvo que estas iniciativas no han resultado efectivas y estimó que se requeriría la realización de una evaluación de impacto a la protección de datos personales, que son confidenciales, aseguró.

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