Se denunció filtración del expediente de los normalistas de Ayotzinapa

Por José Vilchis Guerrero

Efectivamente, se presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en relación a quien resulte responsable de la filtración del expediente correspondiente al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reveló Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

En la versión difundida por el diario Reforma un testigo involucra a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y lo señala de haber recibido sobornos de un grupo de narcotraficantes de Guerrero.

“Sí quiero decirles que es muy grave porque pone en riesgo, no solamente la investigación, sino que en realidad pone en riesgo la propia vida y la integridad de varias personas que se relacionan en esta investigación y en esta filtración, eso es muy grave, por eso se decidió interponer y denunciar ante la Fiscalía General de la República esta situación, esta filtración”.

La información difundida el miércoles pasado por Reforma del expediente de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue avalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no descartó que sea investigado el funcionario capitalino.

“Está abierta la investigación, porque tengo el compromiso con los padres de los normalistas de Ayotzinapa de saber qué sucedió y sobre todo, encontrar a los jóvenes. Se trabaja de manera coordinada con el poder judicial, porque es un asunto de Estado esclarecer este caso. Se investiga a todos los involucrados”.

Sostuvo López Obrador ese mismo día que la información sí proviene del expediente y se mostró sorprendido por la filtración del expediente que todavía está abierto para continuar la investigación del caso, para el cual se creó una fiscalía especial.

“Lo que se publicó en Reforma está en el expediente. No es apócrifo. Ya hay una detención de un capitán del Ejército. Está abierta la investigación y todavía no está concluida. Todo indica que no es real la versión que se difundió desde el principio. Todo el que ayude con información va a tener consideración; en el marco de la legalidad se le va a proteger”.

Reforma cabeceó su nota principal “Salpican a Harfuch en pagos del narco” y a pregunta expresa durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador dijo que indudablemente se investigará a Harfuch como a los funcionarios involucrados en el caso.

¿La Secretaría de Gobernación que usted encabeza considera que el diario Reforma está pasando por encima de los derechos de terceros y sobrepasando los límites del respeto a la vida privada de las víctimas de Ayotzinapa?, ¿tiene contemplado hacer algún tipo de apercibimiento o llevar a cabo una sanción de otro tipo para Grupo Reforma?

En relación al medio, respondió Sánchez Cordero: “no solamente por instrucciones del señor presidente, sino por convicción propia, la libertad de expresión en este país es libérrima, libérrima, y lo subrayo, es absolutamente respetable y los que realmente tienen la responsabilidad es quienes filtraron esta información al medio de comunicación, eso es lo que yo puedo decir”.

El fin de semana Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer que su consejería jurídica presentó una denuncia ante la FGR por las filtraciones publicadas el pasado miércoles por Reforma, en las que difundió información confidencial de una investigación en curso relacionada con el caso Ayotzinapa.

En el mensaje en el que el subsecretario informó sobre esta denuncia exhortó que se investigaran a los servidores públicos responsables; sin embargo, no menciona nada sobre algún tipo de sanción para el medio encargado de difundir la comprometedora información que podría poner en riesgo dicha investigación. Según el artículo 27, fracción novena de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una obligación de la Secretaría de Gobernación vigilar que las publicaciones impresas se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y la dignidad personal, que no ataquen los derechos de terceros, no provoquen la comisión de algún delito ni perturben el orden público.

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