Consigue Campestre de Tijuana suspensión definitiva contra expropiación

*Gobierno de Baja California, que encabeza Jaime Bonilla, no concedió la garantía de audiencia, ni pudo acreditar la utilidad colectiva del terreno.

Un juez federal otorgó la suspensión definitiva en favor del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana A.C, mediante la cual se ordena a las autoridades del Gobierno de Baja California, que encabeza Jaime Bonilla, frenar la intención de expropiación del predio de 504 mil metros cuadrados.
Con base en el documento de suspensión 316/2021-A2, no proceden los actos contra los socios del Club Campestre de Tijuana, porque el Gobierno de esa entidad no concedió la garantía de audiencia, ni tampoco pudo acreditar la utilidad colectiva del terreno.
De acuerdo con abogados del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana A.C, el juez federal concedió “la suspensión de los actos reclamados, a efecto de que las autoridades responsables no emitan acuerdo expropiatorio ni ordene o ejecuten actos de desposesión, desalojo, lanzamiento, ni ningún otro que perturbe la posesión, uso y disfrute que tiene la quejosa”.
Asimismo, ordenó que “las cosas se mantengan en el estado que guarden y no se dicte acuerdo expropiatorio ni se ejecute cualquier lanzamiento, desalojo, o cualquier afectación al uso y posesión del inmueble”.
También suspendió la futura publicación en el Periódico Oficial del Estado, del eventual decreto expropiatorio relacionado con el proyecto Complejo Interactivo Campestre que, en su caso, se llegue a emitir.
Los argumentos del juez subrayan que el Gobierno de Baja California no concedió la garantía de audiencia sobre la declaratoria de utilidad pública, la cual debió respetar en forma previa a la emisión del decreto de expropiación presentado por el gobernador Jaime Bonilla, y que se hizo público el pasado 13 de abril en el Diario Oficial.
En la declaratoria de utilidad pública, paso previo para expropiar el Club Campestre, se resaltó la falta de espacios públicos de áreas verdes en esa zona céntrica de Tijuana, y se señaló que el Campestre era de uso exclusivo para socios.
Sin embargo, de acuerdo a la Ley de Expropiación de Baja California, la autoridad expropiante está obligada a implementar las medidas necesarias, a fin de garantizar que los afectados “realicen una defensa previa a la resolución que afectará su patrimonio”.
Al no garantizar ese derecho a los afectados, el Gobierno de Bonilla tampoco se apegó al artículo 14 Constitucional, donde se establece que nadie puede ser privado de sus propiedades, “sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos”.

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