Por José Vilchis Guerrero

Como ya se había anunciado dos semanas atrás, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se detectaron 31 contratos firmados con empresas ligadas a Pegasus en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que suman más de mil 970 millones de pesos.
El año pasado corrieron rumores de que en el primer cuadro de la Ciudad de México se había montado una estructura para espiar a ciudadanos y opositores del gobierno así como a periodistas, que fue desmentido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El tema revivió en semanas anteriores, a principios de este mes y se denunció que desde los gobiernos de Felipe Calderón y luego con Enrique Peña Nieto se habían contratado los servicios de espionaje de la empresa NSO Group, con el sistema Pegasus.
Hace tres semanas se volvió a ventilar el tema al denunciar a los dos gobiernos federales anteriores de que contrataron la plataforma Pegasus para espiar a sus opositores y a periodistas cuyos teléfonos celulares fueron intervenidos, igual que al presidente López Obrador y 50 personas ligadas a él.
En la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo esta mañana que los contratos ligados a prácticas de espionaje se enviaron a la Fiscalía General de la República, que realiza una investigación al respecto.
Anunció que este miércoles los contratos se subirán a internet para que los conozca la ciudadanía.
En su informe, Rodríguez Velázquez refirió que la empresa israelí NSO Group Technologies desarrolló el programa de espionaje Pegasus que adquirió la entonces Procuraduría General de la República por medio de la empresa Grupo Tech Bull S.A. De C.V.
Al respecto, señaló que la empresa israelí usó compañías fachadas “llevando a cabo una simulación de contratos relacionados con Pegasus en diferentes instancias del gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de Inteligencia”.
La funcionaria federal comentó que se instruyó una búsqueda en archivos digitales e impresos y se detectaron los 31 contratos con empresas vinculadas a NSO Group por parte de la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, el área de Prevención y Readaptación Cocial, Servicios de Protección Federal y el Cisen.
La secretaria Rodríguez Velázquez dijo que la afectación a las arcas públicas fue de más de mil 970 millones de pesos, o más de 61 millones de dólares “para la adquisición de software, hardware, bases de datos, plataforma, licencias y mantenimiento de estos equipos entre otros.
Afirmó que los contratos se entregaron a la Fiscalía General de la República “con el propósito de que se realicen las investigaciones correspondientes y se dé con los responsables de esta ilegal práctica que violó la intimidad de periodistas, políticos, activistas de derechos humanos, luchadores sociales, empresarios, servidores públicos y legisladores”.