Se violentarán derechos humanos si catalogan como delito toma de casetas: Zeferino Ladrillero

*Pretende el Congreso de la Unión imponer sanción corporal y multas

*Se violentará el derecho a la libre manifestación de ideas

Los integrantes del Congreso de la Unión cometerán una grave violación a las garantías individuales al aprobar como delito (grave) la toma u obstrucción a las vías de comunicación, así lo afirmó el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

El abogado del colectivo José Antonio Lara Duque recordó que se podría violentar el derecho que tienen las personas a la libre manifestación de ideas al imponer castigos corporales que van desde los tres meses a siete años de prisión.

“Es inadmisible pensar penas corporales y sanción económica, que van entre los ocho mil y 44 mil pesos para quienes emitan su decisión de manifestar sus ideas a través de estos mecanismos que huelen, a todas luces, a represión del Estado”, dijo.

Explicó que cuando una persona —o grupo de ellas— deciden manifestarse como acción de reclamo social, el derecho los protege porque es una conducta y un ejercicio legítimo de un derecho, como la protesta social.

“Hay que partir de la idea que, detrás de una protesta hay una inconformidad; provocada por alguna omisión de la autoridad o simplemente la falta de servicios; atropello de alguna autoridad o el exceso de la fuerza pública”, expresó.

Pretender penalizar la protesta social, “abrir un nuevo delito en los códigos de penas del país, es un sinónimo de reprimir la libre manifestación de ideas, por el contrario, consideramos que el Estado está obligado a buscar el diálogo y consensuar una solución.

“La sociedad busca con la protesta, llegar a obtener una solución a un servicio trunco o violación de la autoridad; la política de persecución criminal debería encaminarse a la verdadera comisión de delitos, como los homicidios, feminicidios o desapariciones, no en detener a gente que protesta en casetas”, expresó.

Lara Duque, cofundador del “Zeferino Ladrillero”, afirmó que el Estado mexicano tiene la obligación de velar y vigilar sobre cuáles son las causas que en realidad provocan las protestas. “Hay que ver la raíz de este tipo de manifestaciones, para encontrar una solución”.

La protesta es un mecanismo de libertad de expresión, el cual ayuda para reivindicar a las minorías y grupos vulnerables que no cuentan con algún tipo de acceso legítimo o legal para que su voz sea escuchada, explicó.

Recordó el caso de la defensora Kenia Inés Hernández Montalván, quien hoy se encuentra mermada de su salud por las condiciones de insalubridad de la prisión de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social Femenil (Cefreso) No. 16, en el municipio de Coatlán, en Morelos.

Ella fue arrestada por manifestarse en casetas de peaje del país al protestar por omisiones graves de la autoridad de su natal Guerrero, pero fue vinculada a un proceso penal por la absurda acusación de robo y ataque a las vías de comunicación.

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