Sólo 4 de cada 100 delitos investigados en San Luis Potosí se resolvieron: México evalúa

*La evaluación muestra que la consolidación del sistema de justicia tiene un retraso de cuatro años, y concluye que los avances en las instituciones no se reflejan del todo en sus resultados

Uno de los indicadores más importantes contenidos en el reporte Hallazgos desde lo local de México Evalúa es el Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal. En él se da a conocer que San Luis Potosí cuenta con sólo 494 de los 1,000 puntos contemplados para el estándar mínimo; esto quiere decir que la entidad apenas está alcanzando el estándar mínimo esperado de 2016, lo que equivale a cuatro años de retraso en la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio. 

Datos del reporte, presentado durante el Diálogo sobre seguridad y justicia en San Luis Potosí, muestran que esta entidad tiene nulos avances en la Instancia de Coordinación Técnica Estatal, que desde 2019 no muestra mejoras en su capacidad de coordinación, y que está por debajo del promedio nacional.

El estudio incluye también el Índice de Impunidad Estatal (IIE), cuyo resultado para San Luis Potosí en 2020 fue de 96%, quedando por encima del promedio nacional, que se calculó en 94.8%. El estado presentó una disminución de 1.8% con respecto a 2019, cuando alcanzó el 97.8%. 

Aunque todas las instituciones operadoras del sistema de justicia penal tuvieron incrementos presupuestales de 2019 a 2020 –con excepción de la Fiscalía, que tuvo una merma de 4.7% en su presupuesto–, la asimetría presupuestal entre las instituciones está lejos de disminuir, ya que la Secretaría de Seguridad Pública tuvo un presupuesto significativamente superior al resto.

“Es importante fortalecer el trabajo de la defensoría pública y la comisión estatal de atención a víctimas para garantizar las condiciones de igualdad procesal entre personas víctimas y acusadas”, apuntó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

En 2020, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí recibió 58,868 denuncias y el porcentaje de apertura de carpetas de investigación fue del 78%, por debajo del promedio nacional (93.1%). Destaca que el 59.2% de las carpetas de investigación determinadas por la Fiscalía fueron enviadas al archivo temporal, con lo que su investigación quedó suspendida.

Durante 2020, el número total de víctimas registradas en las carpetas de investigación iniciadas en la entidad fue de 45,406 personas. De ellas, sólo el 14.8% (6,707) fueron representadas por asesores jurídicos durante el proceso penal. Considerando que el estado reportó contar con 47 asesores jurídicos, cada asesor atendió, en promedio, a 143 víctimas.

Durante la presentación de Hallazgos desde lo local: San Luis Potosí, autoridades estatales y representantes de sociedad civil se comprometieron a realizar las siguientes acciones a favor de la seguridad y la justicia en la entidad:

  • Por parte de la Secretaría de Gobierno: incrementar el presupuesto de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y el número de asesores.
  • Por parte de la Defensoría Pública: crear la Unidad de Evaluación y Monitoreo y fortalecer a la institución.
  • Por parte de la Fiscalía General: colaborar en una estrategia de seguimiento a la disminución de la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva; y utilizar estratégicamente las salidas alternas y anticipadas de los procesos penales.
  • Por parte del Poder Judicial: reducir el tiempo de las audiencias y la capacitación a los integrantes del Centro de Justicia.

En el evento también participaron Enrique Bouchot, investigador de México Evalúa, Jeremy Williammee, director de la oficina de Gobernanza y Derechos Humanos de USAID México; Siegfried Herzog, director regional de la Fundación Friedrich Naumann en América Latina; Miguel Ángel Gonzálo Santiado, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de gobierno del estado de San Luis Potosí; Urenda Queletzú Navarro Sánchez, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, coordinador general de la Defensoría Pública del estado de San Luis Potosí; Mónica Macías Guel, presidenta de la Fundación Benemérita Ponciano Arriaga Leija A.C; José Luis Ruiz Contreras, encargado de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí; Rogelio Córdova, director de Educación y Ciudadanía A.C; Olga Regina García López, Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí; y Jorge Alejandro González Mitre, coordinador de la Unidad Jurídica de Renace Capítulo San Luis Potosí.

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