Avala Comisión que concesionarios del transporte público equipen unidades con cámaras y GPS

*Se protegerá a usuarios y operadores: diputada González Alonso (PAN)

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que preside la diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN), aprobó un proyecto de dictamen para adicionar la fracción V Bis al artículo 71 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para instalar cámaras de vigilancia, botones de pánico y sistemas de geolocalización en el transporte público.

Lo anterior, a efecto de extender el alcance de las labores de vigilancia realizadas en los centros de monitoreo, a cargo de instituciones de seguridad pública federal, local y municipal, lo que facilitará acciones de atención inmediata ante la comisión de asaltos.

Durante una reunión ordinaria, la legisladora explicó que se trata no únicamente de un tema de seguridad para proteger a los usuarios, sino también a los operadores.

Reconoció que esto representa un costo adicional para los concesionarios, debido a que las tarifas no se han revisado en los últimos años y al aumento del precio los combustibles, “pero si no le damos avance vamos a seguir dejándolos así”.

Precisó que no se determinó un plazo para cumplir con la modificación “y queda como obligación para que sean los gobiernos locales quienes impongan los tiempos y acompañen la consolidación de estas figuras en beneficio de la población y los concesionarios”.

Añadió que también se debe invertir en las rutas por donde pasan, “que es un tema muy solicitado, porque no hay pavimento, alumbrado, ni cámaras de vigilancia del gobierno”.

El diputado Juan Pablo Montes de Oca Avendaño (PVEM), quien propuso la iniciativa, explicó que se pretende fortalecer al transporte público porque la percepción de inseguridad es muy grande. Si bien algunos estados ya legislaron sobre el tema, la mayor parte todavía no, y a nivel federal falta una legislación sobre este asunto, consideró.

Dijo que en los estados donde se ha implementado bajaron los índices de delincuencia en transporte público. Destacó la importancia de que estas herramientas de seguridad se incluyan en los planes de movilidad de los estados y a nivel federal. “Si unos pudieron, otros también lo harán”.

La diputada Esther Martínez Romano (PT) dijo que es un tema de presupuesto, porque en estados donde se ha exhortado a instalar estos equipos, los concesionarios afirman que la pandemia afectó mucho su economía. Añadió que es una carga fiscal, incluso para el Gobierno Federal, por lo que la propuesta debe contar con un análisis de impacto presupuestal. Pidió que el proyecto de dictamen se vincule a otras comisiones para enriquecerla.

Del PVEM, el diputado Mario Xavier Peraza Ramírez dijo que hay entidades en las que los transportistas han hecho el esfuerzo para dotar a sus unidades con GPS y cámaras, por razones de seguridad y de administración, por lo que pidió “no poner de pretexto el presupuesto para no ajustarnos a la norma”.

Del PAN, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván reconoció la intención “noble para tener mejores esquemas de seguridad”, sin embargo, indicó que toda acción legislativa debe acompañarse de presupuesto. “Los municipios no van a tener más recursos para esta acción y otras que les demos. Quitamos el FORTASEG. No les damos dinero para seguridad, pero sí les imponemos cargas en esa materia”.

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Noel Mata Atilano señaló que emprender un programa como este no es fácil, porque en el tema del transporte público tienen que revisarse los subsidios y saber cómo participan los estados y municipios.

La diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC) destacó que a los municipios se les limitó el presupuesto, primero, y luego se eliminó el FORTASEG, que es un área en la que recae todo esto. Planteó dotar de recursos a la iniciativa, “porque si no, queda como buena propuesta y vuelve a ser discrecional”.

El diputado Oscar Gustavo Cárdenas Monroy (PRI) planteó vincular el tema a otras comisiones porque hay leyes para cada actividad y función de gobierno. Señaló que si no hay dinero a estados y municipios para infraestructura, el gobierno debe participar, que tengan fondos y emprendan estos programas. “El gobierno no puede sólo imponer; debe coadyuvar a la solución de los problemas”.

Dictámenes a puntos de acuerdo

Asimismo, se aprobó el dictamen a la proposición con punto de acuerdo de la diputada Laura lmelda Pérez Segura (Morena), que exhorta al gobernador del estado de Jalisco, al titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, así como a los munícipes de Guadalajara, Acatlán de Juárez, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Zapopán y Zapotlanejo, que conforman la Zona Metropolitana, a que hagan público un informe actualizado sobre el número de asentamientos humanos irregulares, la población que habita en ellos y las condiciones en las que se encuentran.

El segundo dictamen aprobado fue el relativo a la proposición con punto de acuerdo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (PAN), para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, para que través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publique la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDATU-2020, “Equipamiento en los instrumentos que conforman el Sistema General de Planeación Territorial. Clasificación, terminología y aplicación”, en el Diario Oficial de la Federación.

Además, se aprobó el dictamen a la proposición del diputado Alan Castellanos Ramírez (PRI), que exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y al de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a fin de que potencialicen la inversión en una estrategia de densificación en corredores y estaciones de transporte masivo, integrando asociaciones público-privadas para generar beneficios sociales en vivienda, equipamiento, infraestructura y espacio público.

También se solicita al titular del Poder Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y, de infraestructura Comunicaciones y Transportes, impulsen el uso eficiente del suelo intraurbano en las zonas metropolitanas con la finalidad de que reduzca las distancias de viajes, por medio del financiamiento y gestión de desarrollos densos, conectados y compactos, uso del suelo mixto con plantas bajas activas, espacios públicos de alta calidad y accesibilidad a transporte sustentable.

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