IECM debe avanzar en derechos político-electorales de pueblos y barrios originarios de CdMx

La Consejera Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán, y la Consejera Electoral Carolina del Ángel Cruz, coincidieron en la necesidad de que las instituciones y leyes avancen en el reconocimiento  de los derechos político-electorales de la ciudadanía de los pueblos y barrios originarios de la capital, sin afectar su autonomía y sus usos y costumbres.  

Avendaño Durán y del Ángel Cruz expusieron las acciones emprendidas por el IECM, para promover y hacer valer los referidos derechos de pueblos y barrios originarios, establecidos en la Carta Magna del país y en la Constitución local, y destacaron la Convocatoria emitida por este Instituto para que las Autoridades Tradicionales de 48 pueblos originarios de la capital determinen el uso del Presupuesto Participativo 2022, mediante mecanismos basados en sus usos y costumbres.  

Ambas Consejeras Electorales participaron en el Foro «Derechos político-electorales de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México: una perspectiva interinstitucional y comunitaria», organizado por el Congreso local y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.  

En el Foro, presentado por la Diputada Alejandra Méndez Vicuña, Presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Congreso capitalino, participaron también como ponentes la Titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón, y la Titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos  Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Sandra Araceli Vivanco Morales, quienes estuvieron acompañadas por el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.  

Durante su intervención la Consejera Presidenta del IECM expuso parte de las acciones que lleva a cabo este Instituto, para involucrar a las comunidades de los pueblos y barrios originarios en cada proceso electoral, así como en los instrumentos de participación ciudadana, siempre respetando sus usos y costumbres.  

Avendaño Durán planteó la pertinencia de regular los mecanismos tradicionales que llevan a cabo las comunidades de pueblos y barrios originarios, para ejercer sus derechos político-electorales, a efecto de que sus usos y costumbres se plasmen en leyes escritas, y no se pierdan, ni sean afectadas.  

En ese sentido, la Consejera del Ángel Pérez consideró que no es fácil saber hasta dónde regular sin agredir la autonomía de las comunidades, por lo que es necesario continuar el debate para encontrar el punto de quiebre que permita avanzar en un sistema de derechos sin atropellar otros.  

La Consejera del IECM precisó que si bien los pueblos y barrios originarios se rigen bajo usos y costumbres, sus mecanismos democráticos son complejos y no pueden englobarse de manera general, toda vez que no comparten las mismas características las comunidades de Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, entre otras.  

En tanto, la Titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, explicó que los derechos político-electorales y el marco normativo vigente son una transformación jurídica importante, pues visibiliza la riqueza pluricultural, pluriétnica y plurilingüe que existe en la ciudad.  

En su oportunidad, la Presidenta de la Comisión de pueblos, barrios y comunidades indígenas del Congreso local, destacó la importancia de reconocer las necesidades de cada comunidad y compartir qué hace falta para garantizar sus derechos político-electorales.  

A su vez, También, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso enfatizó que no puede haber democracia sin la integración de todos los sectores de la sociedad, principalmente de grupos de atención prioritaria como son nuestros pueblos y barrios originarios.  

Finalmente, las autoridades presentes refrendaron el compromiso de garantizar y velar por el buen ejercicio de los derechos político-electorales de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México. 

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