Fiscalía de Nayarit resuelve sólo 16% de casos y en su mayoría se envían al archivo: México Evalúa

  • Los homicidios aumentaron 14.1%; mientras que la violencia familiar incrementó 12.5% y fue el delito con mayor frecuencia en 2020
  • La carga de trabajo de las instituciones en Nayarit es significativamente menor a la de otras entidades; sin embargo, los resultados son deficientes

El estudio Hallazgos desde lo local: Nayarit –una evaluación al sistema de justicia penal de México Evalúa– da cuenta del comportamiento de las instituciones, así como del tratamiento de las denuncias y casos que conocen con una perspectiva comparada a nivel nacional y respecto a años previos.

«​​La articulación de una justicia penal que reduzca la impunidad, provea salidas adecuadas para cada caso, promueva la protección de los derechos de las personas involucradas, y responda a las preocupaciones de la ciudadanía requiere establecer definiciones comunes. Deben identificarse retos, objetivos, necesidades y recursos disponibles como ejes de tal articulación y de la coordinación entre los múltiples actores” dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa, durante la presentación del documento.

El estudió identificó que la entidad presenta serias deficiencias en la resolución de los casos, ya que del total de investigaciones en el ámbito de competencia de la Fiscalía sólo logran una resolución ministerial el 16.4%, lo que representa una baja capacidad para atender los casos que conoce.

Respecto a los casos que logran judicializarse, se observa una alta proporción en el uso de salidas anticipadas, como la suspensión condicional de proceso (3.7%) y el procedimiento abreviado (1.56%), en contraste con aquellos que se resuelven por la vía tradicional de juicio oral (0.02%).

De acuerdo con el análisis, el Tribunal Superior de Justicia mostró una mejora en la administración de las salas y la gestión de las audiencias, que impactó de manera positiva la reducción en el diferimiento de las mismas (menos del 1%) y las audiencias iniciales se celebraron en promedio en 48 minutos, lo que muestra una mayor capacitación de los operadores y una mejora en la conducción de las audiencias por parte de los jueces.

En cuanto a la Fiscalía, ésta reporta un porcentaje de sentencias condenatorias de 99.3% en los casos judicializados, lo que puede ser un indicador positivo para la Fiscalía, pero también puede implicar deficiencias en la defensa. La Defensoría Pública del Estado incrementó el número de asuntos atendidos en 7 veces respecto del año anterior, lo que pudo impactar de manera negativa en la calidad de su trabajo.

El estudio muestra que el 95.4% de los delitos investigados en Nayarit quedó impune en 2020, lo que está por encima del promedio nacional, de acuerdo con el Índice de Impunidad Estatal (IIE). Este indicador tuvo un aumento respecto a 2019, cuando fue de 87.6%.

En Nayarit, cada ministerio público conduce, en promedio, 33 investigaciones por año. Esto es una carga de trabajo bastante razonable si se compara con otras entidades, como la Ciudad de México, en donde son 139. Por ello, llama la atención que sólo se dé resolución al 16.4% de los casos –muy por debajo del promedio nacional de 41%– y que el 72.2% de dichas determinaciones ministeriales sea el archivo temporal, con lo que su investigación queda suspendida y con riesgo a que los delitos prescriban y queden impunes.

El análisis también contempla el conocimiento ciudadano del sistema de justicia penal. Destaca que sólo 15% de los nayaritas encuestados sabe que se usa el nuevo proceso de justicia penal en el estado; y que el 84% de las personas encuestadas tiene certeza de qué hacer en caso de sufrir o atestiguar un delito.

Entre las recomendaciones derivadas de la evaluación destacan:

  1. Que la Fiscalía establezca de manera pública una política de persecución penal para dar atención diferenciada a los casos que conoce sin comprometer la capacidad instalada actual; y que aumente el porcentaje de casos resueltos por justicia alternativa, pues su Centro de Justicia Alternativa es bastante eficiente al alcanzar acuerdos reparatorios, pero la cantidad de casos derivados es baja. 
  2. Mejorar la interconexión de los sistemas informáticos del Poder Judicial con otras instituciones operadoras. 

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