5 puntos sobre justicia penal en CDMX, que debes conocer

En 2020, el 95.9% de las carpetas de investigación a nivel nacional fueron registradas en las fiscalías locales; mientras que la FGR registró el 4.1% restante. De ahí la importancia de estudiar con lupa lo que ocurre con el sistema de justicia penal en cada entidad del país. Ahora toca el turno de la Ciudad de México.

Te compartimos 5 puntos de nuestros #HallazgosCDMX

1. Cuando un ciudadano denuncia un delito en la Ciudad de México, lo más probable es que éste se investigue. Y es que durante 2020, la Fiscalía capitalina inició carpetas de investigación para cada una de las 204,025 denuncias recibidas, es decir, el 100%. Este porcentaje se encuentra por encima del promedio nacional, que es del 93.1%

2. El 98.5% de los delitos denunciados e investigados en CDMX en 2020 quedó impune, de acuerdo con nuestro Índice de Impunidad Estatal (IIE). Este indicador tuvo un incremento respecto a 2019, cuando fue de 97.7% y está por encima de la media nacional, de 94.8%. Partiendo de ahí podemos inferir un desempeño deficiente del sistema de justicia penal en la entidad.

3. La igualdad de armas es un principio base para garantizar el debido proceso y se refiere a que existan las mismas condiciones y capacidades en ambas partes del proceso penal: la que acusa y la que defiende al imputado. Sin embargo, las Defensorías Públicas –instituciones que se encargan de la defensa de quienes no pueden contratar a un abogado particular– presentan grandes carencias en México. Y la capital del país no es la excepción, en donde cada defensor atiende 131 casos por año, lo que impacta en la calidad del trabajo de estos operadores.

4. Las comisiones de atención a víctimas son la mayor debilidad de todo el sistema de justicia penal: en la Ciudad de México, cada asesor jurídico representa, en promedio ¡a 289 víctimas! Muy por arriba del promedio nacional, de 152. Además, su presupuesto tuvo un recorte del 97% en 2020. Esta institución es la encargada de orientar a las personas víctimas de un delito y velar porque sus derechos se garanticen en el proceso penal.

5. En cuanto al sistema penitenciario, encontramos que el 29.6% de la población privada de la libertad son personas procesadas, es decir, se les dictaminó prisión preventiva y aún no cuentan con una sentencia. Esta proporción disminuyó con respecto a 2019, cuando fue del 31.4%. Recordemos: esta medida cautelar debe ser una excepción y no una regla.

Recomendaciones. Implementar la política criminal en todos los ámbitos de trabajo, así como avanzar en el proceso de transición de la Fiscalía localfortalecer el servicio profesional de carrera en todas las instancias; y atender a las demoras en los procesos judiciales que vieron una reducción significativa a partir de la pandemia, en parte explicada por la falta de mecanismos adecuados en la sede judicial.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s