Evolución en el delito de la reparación de daños

*El término para que opere la prescripción es de entre dos y hasta por diez años

*La cultura de legalidad en México sobre este clausulado en la rama de materia civil

Por Blas A. Buendía *

En México, durante todo el siglo XX —según el acervo jurídico de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México—, los tribunales conocieron muy poco de juicios por responsabilidad civil o daño moral, y no por que se hayan producido pocos casos, sino porque los afectados y los litigantes no estaban habituados a demandar por tales casos; a su vez, los jueces tampoco se atrevían a resolver respecto de este tipo de demandas.

Con todo ello, se puedo observar que había una falta de cultura de exigir la reparación del daño por responsabilidad civil o daño moral, mientras que en otros países, y principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, es de lo más común este tipo de demandas, habiendo una cultura muy generalizada para demandar, incluso cayendo en excesos y frivolidad en algunos tipos de demandas.

Según en los anales judiciales, se podría decir que durante la posrevolución y todo el régimen priista (1917-2000), se reprimió todo indicio de demanda por responsabilidad o daño moral. Parecía que era una política desarrollada desde los mismos órganos del Estado, y las pocas demandas que se interponían no prosperaban, o solo en casos muy especiales.

Tal vez el propio Estado pensaba que, de darle trámite a ese tipo de demandas, tarde o temprano llegarían a demandarle también a él la responsabilidad civil que generaba, y eso no le convenía, por ello era mejor no permitir que se desarrollara una cultura de hacer responsable de la reparación del daño a quien lo cause.

Por todo lo anterior, los litigantes han evolucionado en el desarrollo de una verdadera cultura de la demanda por responsabilidad civil y daño moral, cosa que tampoco han hecho los jueces, pues se aparentemente quedaron en el pasado y solo algunos —por ética de actualizarse en la Carrera Judicial—, sobre todo los más jóvenes, han empezado a generar demandas en la materia, muchos de ellos encausados por organizaciones de la sociedad civil, que buscan generar una cultura de la legalidad.

Es a partir en los inicios del nuevo milenio, que se han venido iniciando una cultura de la demanda por este tipo de ilícitos, derivado también de la famosa lucha contra el narco que emprendió el ex presidente Felipe Calderón, las organizaciones civiles han venido pugnando por el Estado se haga responsable de los daños que causa, y sea obligarlo a reparar los daños causados. Para ello, los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han venido resolviendo mediante sentencias a favor de la reparación del daño.

Bajo esta serie de descripciones jurídicas, el magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, en su espacio Así es el Derecho, detalló que la reparación del daño es una obligación impuesta al individuo a resarcir los daños a favor de la víctima u ofendido, y toda víctima de violación a derechos humanos o por la comisión del delito tiene derecho a la reparación del daño de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva, pudiendo solicitarlo directamente al órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite de oficio de acuerdo con el numeral 109 fracción XXV del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 17 párrafo quinto y 20 Constitucional apartado C fracción IV.

De conformidad con el artículo 1159 del Código Civil para la Ciudad de México, por regla general es de diez años el plazo para que opere la prescripción en los casos de reparación de daños, y según el artículo 1934 del mismo ordenamiento puede operar en dos años, como en los casos de acción para exigir la reparación de los daños causados por el riesgo creado.

De acuerdo con el derecho a la igualdad previsto en el artículo 1° constitucional, el legislador está obligado a dar un mandamiento de trato igual a supuestos de hecho equivalentes, sin que se pueda exigir dicho trato cuando los supuestos de hecho no son equivalentes o cuando existe un fundamento objetivo y razonable que permita dar trato desigual.

Además, el magistrado Élfego Bautista —titular de la Tercera Ponencia de la Quinta Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México—, precisó que, aunque el legislador no está obligado a exponer los motivos por los cuales establece una distinción normativa, estos sí deben desprenderse del propio ordenamiento y ser objetivos y razonables.

La distinción normativa establecida entre los mencionados artículos está motivada por la diferente causa que da origen a la obligación, lo que justifica plenamente el trato diferenciado que la legislación da a las personas que se ubican en la regla general de prescripción de diez años y las que se ubican en la excepción de dos años, pues se está en presencia de supuestos de hecho que no son iguales o equivalentes, lo que justifica que sea desigual el trato que se les da en cuanto a la prescripción.

Ello, al considerar que cuando se reclama la responsabilidad civil proveniente de un acto ilícito o la responsabilidad civil objetiva, la obligación exigida tiene su origen en una relación de naturaleza extracontractual, en la que por regla general sólo el demandado adquiere la responsabilidad de satisfacer obligaciones en favor del actor, obligaciones que por no provenir de acuerdo de voluntades no se encuentran debidamente definidas, en cambio las obligaciones que se ubican en la regla general de prescripción de diez años derivan de una relación de naturaleza contractual, en la que las partes generalmente asumen derechos y obligaciones en forma recíproca, lo cual les permite identificar debidamente cuáles son sus derechos y cuáles sus obligaciones, en tanto que éstas, como ya se dijo, provienen de un acuerdo de voluntades.

Si bien la prescripción es una sanción para el actor, también es una institución que necesariamente beneficia al demandado al brindarle seguridad y certeza jurídica; por lo tanto, es evidente que no se les puede dar el mismo trato normativo a quienes se encuentran en la hipótesis que alude el artículo 1159 y aquéllos que se ubican en la prevista en el artículo 1934, en tanto que no se ubican en el mismo supuesto y el trato diferenciado que se les da, encuentra justificación que se sustenta de manera razonable en el origen de la obligación que se pretende exigir al demandado.

Entonces, debe dejarse de aplicar el precepto que limita a dos años el término de la prescripción y acudirse al término genérico de diez años cuando el daño es consecuencia de responsabilidad civil proveniente de acto ilícito o responsabilidad civil objetiva que puede afectar diversos tipos de derechos y, además, que esa afectación sea de diversa gravedad e intensidad, lo cual implica que dependiendo de ello, la medida prescriptiva no necesariamente es proporcional al fin que se busca, que es el proteger al demandado al evitarle prolongada espera e incertidumbre jurídica si el daño proveniente de actos ilícitos o de la responsabilidad civil objetiva puede afectar diversos tipos de derechos, por lo que es necesario advertir que no todas las personas que se ven en la necesidad de demandar la reparación del daño se encuentran en el mismo plano, pues mientras unas resienten afectaciones a derechos fundamentales, otras sólo en cuanto a derechos de carácter meramente patrimonial.

Lo anterior es de suma importancia porque si bien todos los derechos son trascendentales, no se puede negar que unos son indispensables para el ejercicio de otros, y que en esa medida los primeros requieren mayor protección.

“Todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, sean de índole civil, político o social, son fundamentales porque se encuentran reconocidos en la Constitución, pero, por su propia naturaleza, existen derechos propiamente fundamentales para la persona, los que se deben distinguir de los de carácter meramente patrimonial”, subrayó el magistrado Bautista.

Así no se puede negar que el más fundamental de todos los derechos, sin duda alguna, es el derecho a la vida, pues de éste depende el ejercicio de los demás, ya sean fundamentales o patrimoniales.

De ahí que debe precisarse que un primer aspecto que permite distinguir los derechos fundamentales de los patrimoniales, es que los fundamentales son universales e inclusivos en tanto que todas las personas gozan de ellos en igual forma y medida, de tal modo que forman la base de la igualdad jurídica; en cambio, los patrimoniales son singulares y exclusivos, en el sentido lógico de que para cada uno de ellos existe un titular determinado y pertenecen a cada uno de manera diversa.

Por lo tanto, si por la naturaleza del derecho lesionado las personas que resienten el daño pueden colocarse en diversos planos, debe concluirse que el término de dos años para que opere la prescripción fijada en el precepto 1934 del Código Civil, sólo es proporcional con el fin de buscar a través de esa institución la protección del demandado de una espera prolongada que le genere incertidumbre jurídica cuando el daño reclamado por el actor únicamente se sustenta en derechos de naturaleza meramente patrimonial, mas no cuando el daño se alega en virtud de derechos fundamentales como la vida y la salud, en el que se deberá considerar el término de diez años, puntualizó el Jurisconsulto, oriundo del Estado de Hidalgo.

Reportero Free Lance *

Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021

filtrodedatospoliticos@gmail.com

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