*Morena resultó peor que el PRI, provocaron incendio para desalojar a decenas de familias de “pepenadores”

Están por cumplirse tres años del voraz incendio que arrasó con más de 3 mil metros cuadrados de un predio al interior de la Central de Abasto de la Ciudad de México, ubicado entre el eje 6 sur y el eje 5 oriente (Rojo Gómez), conocido como “Campamento de Recolectores”, dejando como saldo al menos a dos menores fallecidos, una decena de lesionados y otras tantas atendidas por crisis nerviosa.

De acuerdo al testimonio de familiares de las víctimas, presumen que dicho siniestro “fue provocado”, acusando de autores intelectuales directamente a las autoridades de la Central de Abasto, en ese entonces al administrador Héctor Ulises García Nieto, a la actual administradora, Marcela Villegas Silva, además de reprochar el actuar de la jefa de gobierno y aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo y la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos.

Como se recordará el incendio ocurrió la madrugada del 7 de abril del 2020, esto con el propósito y pretexto de desalojar del predio a las 250 personas que habitaban en casuchas de madera y láminas de cartón.

Recolectores de desechos, que se encontraban en el sitio, manifestaron que, “el incendio fue intencional”, por la disputa para ocupar dicho predio, por parte de líderes de cinco organizaciones antagónicas de “pepenadores”; se dice y presume que uno de esos líderes le llegó al precio al administrador, Héctor Ulises García Nieto y se maquinó el siniestro para desocupar el predio.

Recolectores entrevistados señalaron que para nadie es un secreto que todo espacio en la Central de Abasto se renta al mejor postor, esto por parte del Cártel de Normatividad y más aún con la llegada de la presente administración, primero con Héctor Ulises García Nieto y ahora con Marcela Villegas Silva, con el pretexto de la supuesta recuperación de espacios, la corrupción se disparó al 1000%.

Cabe señalar que, luego de haber sido controlado el siniestro por los servicios de emergencia, las autoridades les prometieron una reubicación, incluso un crédito para vivienda en el INVI, promesas que nunca cumplieron, por el contrario, los habitantes de dicho predio, también conocido como “Zona del Silencio”, tuvieron que retirarse de la Ceda-CDMX, ya que fueron amenazados de ser detenidos, acusándolos de homicidio por haber provocado la conflagración y a éstos no les quedó otra opción que abandonar el lugar que habitaron por décadas.