*Senadores del PRI acusan que la nueva Comisión de Competencia será un órgano sin independencia, sin filtros técnicos y al servicio del poder

*Representa un desmantelamiento institucional, pone en riesgo la competencia económica aseguran

Los senadores Miguel Ángel Riquelme Solís, Geraldina García Gordillo y Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI, rechazaron categóricamente la reforma en materia antimonopolio que propone la creación de una nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia, al coincidir en que representa un desmantelamiento institucional, centraliza el poder en el Ejecutivo Federal y elimina los contrapesos en la regulación económica del país.

Riquelme Solís advirtió que la iniciativa es “un desmantelamiento más, de uno de los pilares institucionales que garantizan mercados abiertos, consumidores protegidos y un terreno parejo para todos los agentes económicos”. Señaló que, bajo el argumento de una supuesta simplificación administrativa, se pretende “centralizar esas facultades bajo una entidad subordinada al Ejecutivo Federal”, lo que amenaza la imparcialidad y expone al regulador a “presiones de intereses” y decisiones dictadas “al antojo del poder”. Denunció que con esta reforma “la autonomía de la Cofece desaparece”, y que la nueva Comisión quedará adscrita a la Secretaría de Economía, sujeta a las prioridades políticas del gobierno.

En la misma línea, la senadora Geraldina García sostuvo que la llamada Comisión Nacional Antimonopolios “no es un órgano técnico, ni autónomo, ni imparcial”, sino “un instrumento de control político subordinado a la Secretaría de Economía, diseñado para operar bajo consigna, no con base en criterios de legalidad o eficiencia”. Denunció que el dictamen “le da al Ejecutivo un poder sin precedentes: designar a los comisionados a modo, removerlos con discrecionalidad y utilizar a este organismo como un garrote contra quienes se atrevan a competir sin permiso del poder”. Coincidió en que se eliminan los filtros técnicos, se debilita la especialización y se violan compromisos asumidos por México en tratados internacionales como el T-MEC.

Por su parte, la senadora Cristina Ruiz Sandoval afirmó que esta nueva Comisión “es un traje a la medida para el control político” y que el dictamen se suma a otras reformas que “pretenden desmantelar los contrapesos institucionales”. Subrayó que el nuevo órgano dependerá totalmente del Ejecutivo y advirtió que esta concentración de facultades “no fortalece la competencia económica ni protege a los consumidores, sino que genera un riesgo de captura por parte del poder”.

Los tres senadores priistas advirtieron que la reforma elimina la autonomía, la especialización técnica y los mecanismos de rendición de cuentas en la materia, al fusionar funciones con telecomunicaciones y radiodifusión, permitir la imposición de sanciones sin control judicial previo, y limitar la posibilidad de emitir opiniones técnicas o presentar controversias constitucionales. Coincidieron también en que el discurso oficial de simplificación administrativa encubre un avance hacia el autoritarismo económico, bajo una estructura subordinada al poder político.