*Un juzgado federal emitió una suspensión definitiva que ordena detener los trabajos para la creación de una nueva Federación Mexicana de Ciclismo (FEMECI), encabezados por la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, y el exfuncionario público Bernardo de la Garza

La resolución fue dictada el pasado 24 de junio por la Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en respuesta al amparo promovido por la Asociación de Ciclismo del Estado de México, quien denunció una serie de irregularidades en el proceso de integración de la nueva estructura nacional del ciclismo.

“Se concede la suspensión definitiva, para el único efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan actualmente (…) ya que de ejecutarse los acuerdos ahí tomados se le causaría un perjuicio de imposible reparación a la quejosa”, señala la resolución judicial.

Imposición y simulación: el fondo del conflicto

El COM ha ignorado a las asociaciones estatales de ciclismo legalmente constituidas, negándoles su derecho a participar en la elección de sus representantes nacionales. En cambio, María José Alcalá estaría promoviendo la creación de nuevas asociaciones “afines” con el único propósito de legitimar la designación de Bernardo de la Garza al frente de la FEMECI.

La ley detiene los actos de hecho

La jueza fue contundente al advertir que toda autoridad —no solo el COM— que tenga injerencia en el proceso debe acatar la suspensión, conforme al artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Esto incluye, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) o a la Unión Ciclista Internacional (UCI), en caso de tener intervención.

“La suspensión solicitada únicamente tiene como objetivo preservar la materia litigiosa y evitar que la parte quejosa sufra la afectación que implique la ejecución de los actos reclamados”, se lee en la resolución.

Un proceso plagado de opacidad

El conflicto por el control del ciclismo mexicano comenzó tras la anulación de las elecciones de la FEMECI por parte de la UCI (a solicitud de Mary José Alcalá), que delegó en el COM la organización de un nuevo proceso. Sin embargo, a más de tres años del fallo internacional, el COM ha sido incapaz de establecer un procedimiento claro, transparente y participativo.

Aunque recientemente se anunció que De la Garza encabezaría la nueva federación, la ausencia de convocatoria, la exclusión de actores clave y la creación de asociaciones “fantasma” han desatado fuertes críticas desde asociaciones estatales, atletas y entrenadores.

Mientras tanto, la suspensión judicial marca un punto de inflexión y detiene, al menos temporalmente, lo que muchos califican como una intentona autoritaria por parte del Comité Olímpico Mexicano.
Una violación flagrante a la Carta Olímpica

Más allá del atropello legal, lo que ha indignado a la comunidad deportiva, es que la actuación de María José Alcalá como presidenta del COM contradice abiertamente los principios rectores del Movimiento Olímpico.

La propia Carta Olímpica, en su numeral 5 de los Principios Fundamentales del Olimpismo, establece con total claridad:

“Las organizaciones deportivas en el seno del Movimiento Olímpico deben aplicar el principio de neutralidad política (…), disfrutar del derecho a elecciones libres de toda influencia externa y garantizar la aplicación de los principios de buena gobernanza.”

Sin embargo, lo que hoy ocurre en el ciclismo nacional es lo contrario: una autoridad olímpica que, lejos de garantizar elecciones libres, está imponiendo a un candidato por la vía de la manipulación estructural, mediante la creación de nuevas asociaciones “afines” y excluyendo a las ya existentes, todo con la finalidad de controlar políticamente la naciente federación.