Renovación: El  28 y 29 de agosto se llevará a cabo la plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, en la cual se elegirá a la próxima presidenta de la Mesa Directiva.

Hasta el momento, hay tres aspirantes: Laura Itzel Castillo, Verónica Camino y Guadalupe Chavira. Laura Itzel Castillo, hija del luchador social Heberto Castillo, tiene una larga trayectoria en la izquierda mexicana  que la llevaron  a militar en  partidos como el Mexicano de los Trabajadores,  la Revolución Democrática y Morena.

Fue  asambleísta y diputada federal, así como alcaldesa en Coyoacán y secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno.

Antes de llegar al Senado, se desempeñó de consejera independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex) y actualmente preside la Comisión de Energía. Cuenta con la simpatía de senadores de la izquierda pura y allanó el camino para asegurar en noviembre de 1999 el registro de Amlo como candidato del sol azteca a Jefe de Gobierno  de  CDMX.

Le sigue la ex tricolor y PVEM Verónica Camino Farjat por Yucatán. Militó en el PRI de Ivonne Ortega y Víctor Cervera   y, en 2021, se sumó a las filas de Morena, partido por el que buscó ser candidata a la gubernatura en 2024.

Desde la anterior legislatura fue  secretaria de la mesa directiva del Senado, por lo que posee experiencia en el manejo del pleno. Sus simpatizantes destacan su destreza en ese ámbito. Por su parte, Guadalupe Chavira es senadora por la Ciudad de México, ex asambleísta y diputada federal.

Inició su carrera política en el PRD, del cual se separó para integrarse a Morena. También fue jefa delegacional en Milpa Alta. Fue la última legisladora en hacer pública su intención de presidir el Senado.

Entre otras cosas:  El cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada, se declaró   culpable en una audiencia de Nueva York,  que le evitó ir a juicio y posiblemente obtendrá una condena reducida.

Zambada, de 77 años, está acusado por la justicia estadounidense de 17 cargos, entre ellos asesinato y tráfico de armas y drogas, en particular el fentanilo, un poderoso narcótico 50 veces más potente que la cocaína, causante de decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos por sobredosis.

El pasado y el 14 de septiembre se  declarado no culpable de estos delitos. El juez instructor del caso, Brian Cogan, anunció en un corto mensaje en el dossier judicial del narco, que la vista preliminar del 25 de agosto de 2025 se convirtió en una ocasión  para cambio de declaración, lo que presupone un acuerdo alcanzado con los fiscales del Tribunal Federal del Distrito Este de Brooklyn, que le evitará sentarse en el banquillo.

Asimismo, un acuerdo podría suponer una condena más leve que la de su socio en uno de los mayores cárteles de la historia del narcotráfico mexicano, Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado en 2019 a cadena perpetua tras un largo juicio en el mismo tribunal.

A principios de agosto, la fiscalía anunció  que declinaba  pedir la pena de muerte en su caso, pese a que Zambada no estaba amparado por un acuerdo de extradición con México, que excluye la pena capital.

Tras eludir a la justicia mexicana durante cuatro décadas, fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar en un pequeño avión en compañía de Joaquín Guzmán López, un hijo del Chapo. Zambada dijo ser  víctima de una emboscada y engañado por Guzmán López para ser llevado a la fuerza a EU a cambio de ventajas judiciales para él y sus hermanos, cuyos casos se instruyen en un tribunal de Chicago, Illinois (norte).

El caso de Zambada corre en paralelo con el de dos hijos del Chapo, en guerra con la facción del Mayo en Sinaloa desde lo que se considera una traición, que  dejó más de un millar de muertos y otros tantos desaparecidos en este estado carcomido por el narcotráfico.

Uno de ellos, Ovidio Guzmán López, conocido también como “Ratón”, que fue extraditado a EU en 2023, se declaró el pasado 11 de julio culpable de cargos de narcotráfico, lo que le evitó ir a juicio. Su hermano Joaquín, que llegó junto a Zambada, está detenido en Illinois y se espera que también llegue un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de Chicago a cambio de rebajas carcelarias.

Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio, a Joaquín y a sus medios hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (estos dos últimos en libertad) de liderar desde 2016, cuando fue detenido su padre, el cartel de Sinaloa, designado al igual que otros cárteles de la droga, por el gobierno de Trump como organización terrorista.

Además del Mayo y los Chapitos, en suelo estadounidense se encuentran en espera de juicio un grupo de 29 notorios narcotraficantes, entregados por el gobierno mexicano en febrero. Entre ellos, el veterano capo Rafael Caro Quintero, acusado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y que también puede ser punible con la pena de muerte.

A ellos se suman otra entrega de 26 presuntos narcos efectuada a mediados de agosto, entre los que figuran miembros del los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, en medio de las presiones para que México detenga el contrabando de drogas a su territorio, en particular del letal fentanilo, so pena de imponer elevados aranceles.