A pesar de las protestas públicas que seis empresas permisionarias de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México realizaron el pasado 28 de noviembre, bajo el argumento de trato discriminatorio de las autoridades de la Marina, éstas continúan con una clara intención de no atenderlos y acabar con las empresas denominadas como “la chiquillada”, que atienden el 37% de los servicios, con el fin de beneficiar al resto de las compañías que les son afines a sus propósitos.

Las afectadas explican que el 26 de noviembre le solicitaron por escrito al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, urgentemente la instalación de una mesa de trabajo, para exponerle documentalmente las ilegalidades y omisiones que realiza la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V, sin que hasta el momento haya habido alguna respuesta del funcionario.

Sin embargo, la Dirección General de Autotransporte Federal programó una reunión para el jueves 04 de diciembre, a través de la Dirección de Normas y Especificaciones Técnicas y de Seguridad en el Autotransporte, quien citó, por separado, a las dirigencias de las empresas afectadas por el cierre de sus cajas de cobro, a la cual éstas se opusieron y buscaron asistir de forma conjunta, lo que no se realizó por la falta empatía del director ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Aeropueretoio, David Ángel Muñuzcano.

Las cajas expendedoras de boletos, aseguran los permisionarios, se convirtieron en “la joya de la corona” para el subdirector de Terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre, Moisés Alfonso Magallanes, para Edgardo José Peniche y para José Luis Martínez Colina, ex director de Asuntos Jurídicos de AICM, quien por cierto, estableció una red de complicidad con la empresa Sociedad de Permisionarios de Aeropuertos S.A. de C.V.

Estos funcionarios, acusaron, tienen como objetivo el apoderamiento de las ubicaciones de las cajas expendedoras de boletos, para obligar a los permisionarios denunciantes a integrarse bajo sus condiciones a las empresas: Sociedad de Permisionarios de Aeropuertos, S.A. De C.V., Transportación Terrestre Nueva Imagen A.C., Sitio 300 Yellow Cab A.C, y con ello desaparecerlos.

Explicaron que el modus operandi de la Subdirección de Terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre, es desconocer los derechos adquiridos, así como contratos y sentencias que tienen a su favor los denunciantes, “echando por delante a los empleados que realizan trabajos de remodelación en la Terminal 1 y 2 del AICM”.

De igual forma la administración del Aeropuerto realiza prácticas discriminatorias y diferenciadas entre los permisionarios y agrupaciones (hombres y mujeres de la tercera edad), que prestan el servicio de taxi en el Aeropuerto, además de violentar deliberadamente las resoluciones dictadas en los expedientes: DE.015-2013, así como su expediente de verificación VSP-001-2019.

Las empresas afectadas hacen un atento llamado a la presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio, Andrea Marván, para que intervenga verificando estas prácticas anticompetitivas, discriminatorias y monopólicas, toda vez la administración del AICM vulnera los artículos 52, 54, 61, 62, de la Ley Federal de Competencia Económica.

Asimismo, advirtieron que la actual administración de AICM favorece a empresas y empresarios identificados con el gobierno de Felipe Calderón, como es el caso de: la moral regiomontana “ebsa” Expendedora de Boletos y Servicios del Centro S.A. de C.V, la cual se originó por los intereses del entonces subsecretario de Transporte, Humberto Treviño, quien a través del entonces subdirector de Terminal y Supervisión Terrestre, Miguel Ángel Téllez, la introdujo al aeropuerto sin licitar ni concursar el contrato respectivo.

Asimismo, el AICM beneficia al regiomontano David de la Garza, quien adquirió la empresa SERVICIO DE EXCELENCIA, S.A. de C.V., “a precios tronchados” y fue introducido al AICM por el grupo del Subsecretario de Transporte, Humberto Treviño Landois.

Aseguraron que De la Garza es deudor de AICM por varios millones de pesos, y ya negoció para que la Dirección General de Autotransporte Federal le otorgue nuevos permisos para volver a operar en el AICM, contraviniendo la política social del Gobierno Federal.

Los permisionarios afectados por el cierre de sus cajas acusan haber sido engañados por la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V, administrada por la Marina a través de Grupo Aeroportuario Marina y la Dirección General de Autotransporte Federal, también en lo que respecta al otorgamiento de nuevo permisos administrativos.

Explicaron que las autoridades realizaron trámites para otorgar 300 Nuevos Permisos Administrativos, a favor de las empresas: Sociedad de Permisionarios de Aeropuertos, Transportación Terrestre Nueva Imagen, Sitio 300 Yellow Cab, Porto Taxi Terrestre Ejecutivo, mediante fraude procesal que concretan en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a sabiendas que dichos permisos requieren de sus respectivos Convenios de Acceso a Zona Federal, los cuales son materia de un procedimiento de licitación previamente aprobado por la Comisión Nacional Antimonopolio. Esto, con el pretexto de atender la demanda del servicio con motivo del mundial de futbol.

A pesar de todo ello, concluyeron los permisionarios afectados, el Órgano Interno de Control en el Aeropuerto, duerme el sueño de los justos, ya que hasta la fecha incluso asegura no tener conocimiento de la denuncia social de las y los Permisionarios afectados.