*Habitantes reportan falta de información pública sobre su posible impacto en la oferta de vivienda durante el evento de fútbol

En noviembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que presentará ante el Congreso capitalino la propuesta de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles cuyo objetivo es atender los procesos de gentrificación registrados en distintas zonas de la capital en los últimos años.

En las últimas declaraciones la mandataria local afirmó que la iniciativa buscaba “proteger el derecho a vivir en la ciudad”. A la par, grupos vecinales afectados por el fenómeno, así como actores del gremio turístico y anfitriones de aplicaciones móviles han mostrado sus dudas sobre los alcances operativos de este proyecto de ley que podría sesionar en un «maratón extraordinario” durante el mes, como se ha visto en años anteriores respecto a temas presupuestales.

Las movilizaciones vecinales del verano —que derivaron en una alerta de la Embajada de Estados Unidos por incidentes aislados de violencia y vandalismo— marcaron el contexto en el que se elaboró dicha iniciativa. Residentes de distintas colonias han señalado que los ajustes en materia de vivienda requieren no sólo información precisa sobre los criterios regulatorios, sino también sobre sus efectos en los distintos tipos de arrendamiento que habría de cara al 2026.

El gobierno morenista informó que para la redacción del documento se llevaron a cabo mesas de diálogo con representantes de sectores involucrados, incluidas las Secretarías de Turismo local, de Alejandra Frausto, y de Vivienda, a cargo de Inti Vargas, desde agosto pasado. El denominado «Bando 1» en la CDMX se refirió a un conjunto de 14 medidas lanzadas para escuchar los argumentos contra la gentrificación, mismas que no han visto la luz pública en el ocaso del 2025.

Aunque el organismo de vivienda está directamente encargado de coordinar el proceso de elaboración de la iniciativa, se han generado solicitudes formales por parte de vecinos, propietarios y arrendadores para obtener los lineamientos que serán utilizados para discutir esta reforma. Tanto habitantes y organizaciones barriales exigen las conclusiones para evaluar su contenido, aún sin respuesta.

En zonas donde la actividad turística ha crecido en los últimos años, sus residentes han expresado dudas sobre la manera en que la iniciativa podría interactuar con la demanda temporal de hospedaje que afectan a alcaldías como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan, esta última epicentro del evento internacional de la FIFA que tendrá a México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones frente al mundo.

Asimismo, esta iniciativa debería enfrentar el déficit estructural que existe en la ciudad de entre 700 y 800 mil viviendas, espacios necesarios para volver asequible el acceso a un inmueble para vivir, de acuerdo con la Asociación de Vivienda en Renta (AVER) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

El más reciente índice de hospedajes vía app del que disponen plataformas con alta demanda como Airbnb asciende apenas a 9 mil 500 alojamientos activos en la capital, representando el 0.38 por ciento de los 3 millones de espacios totales. Sin embargo, funcionarios del gabinete capitalino insisten en vincular al sector turístico para subsanar los problemas de rentas altas, mercado negro, desalojo y abandono.

La iniciativa será presentada ante el Congreso de la Ciudad de México en las próximas semanas. Mientras tanto, asociaciones vecinales, propietarios y sectores vinculados al turismo desean claridad en la oferta y la demanda que tendrán sus viviendas a seis meses del silbatazo inicial al interior del Estadio Ciudad de México.