*La famosa marca de lencería colombiana está acusada de lavar doscientos 200 de dólares durante 20 años

Por Yiram Anteliz

En una acción relámpago que dejó atónito al sector empresarial, la Fiscalía General de la Nación de Colombia ejecutó a finales de abril de 2026 uno de los operativos de extinción de dominio más grandes de la década. Bajo la sospecha de ser el centro de una red transnacional de lavado de activos y contrabando, las autoridades intervinieron simultáneamente 405 locales comerciales, 40 inmuebles y múltiples vehículos vinculados a la famosa marca de lencería. La magnitud de la redada requirió incluso el apoyo del Ejército Nacional, marcando el fin de la era de «intocable» para la firma que durante 20 años dominó los centros comerciales.

​Cifras que marean: El botín del «lavado»

La investigación técnica ha revelado un entramado financiero de proporciones épicas. Según el expediente oficial, la cuantía del lavado de activos asciende a la astronómica cifra de $187 millones de dólares ($730.000 millones de pesos colombianos). Pero el escándalo no se detiene ahí: se documentó un enriquecimiento ilícito de particulares que supera los $110 millones de dólares, mientras que el contrabando sistemático de mercancía —bajo la fachada de importaciones legales— habría movido más de $19 millones de dólares adicionales. Estas cifras colocan a la compañía no solo como una tienda de ropa, sino como un presunto motor de blanqueo a escala continental.

​La estrategia: Empresas fantasma y aduanas de papel

¿Cómo se movió tanto dinero bajo el radar? La Fiscalía detalla que la organización utilizaba una estructura «espejo» compuesta por sociedades de papel e importadoras fachada. El modus operandi consistía en fragmentar transacciones financieras para evitar alertas bancarias, simular relaciones comerciales inexistentes y burlar controles aduaneros mediante la subfacturación de prendas de vestir, juguetes y cosméticos. Este esquema permitía inyectar dinero de origen ilícito —presuntamente proveniente del contrabando y redes transnacionales— al sistema económico formal, utilizando la alta rotación de efectivo de los puntos de venta como la cortina de humo perfecta.

​Incertidumbre y polémica: El destino de la marca

Mientras la compañía emitió comunicados desesperados pidiendo a la justicia «proteger la marca y la estabilidad laboral» de sus miles de empleados, el golpe reputacional es casi irreversible. Actualmente, los bienes están bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Aunque las tiendas siguen operando bajo administración estatal para no afectar el empleo, el proceso judicial de extinción de dominio busca que la propiedad pase definitivamente al Estado. La gran pregunta que circula en los pasillos judiciales es: ¿cómo pudo un esquema de tal magnitud operar durante más de una década antes de ser intervenido?