*México perdería una industria histórica que durante décadas generó empleos, inversión, crianza especializada y espectáculo deportivo de primer nivel

Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

El pasado fin de semana -22 y 23 de mayo- la empresa permisionaria del Hipódromo de las Américas decidió ofrecer apenas seis carreras de caballos Pura Sangre el viernes y siete el sábado. El domingo, únicamente ocho competencias de Cuarto de Milla. Una programación pobre, triste y profundamente reveladora del deterioro que vive la industria hípica nacional.

Las cifras son todavía más alarmantes. El viernes se apostó, en promedio por carrera, la ridícula cantidad de 63,171 pesos. Si consideramos que la empresa tiene autorizado un porcentaje aproximado del 25% de retención (“take out”), ello significa que obtuvo ingresos cercanos a los 15,900 pesos por competencia. Es decir: ni siquiera alcanza para cubrir adecuadamente una parte menor de la bolsa de premios. Claro, la empresa tiene otros ingresos derivados de alimentos, bebidas y derechos diversos, pero el dato retrata con crudeza el estado de quiebra operativa en el que parece encontrarse esta casa de apuestas. Verdaderamente vergonzoso.

Con estos números se entiende por qué la permisionaria arrastra problemas financieros tan severos; se entiende también el enorme adeudo fiscal que mantiene con algún proveedor y el abandono evidente de la planta hípica. Mantenimiento nulo en las instalaciones. Y, por supuesto, comienza a entenderse por qué la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) de la Secretaría de Gobernación se niega sistemáticamente a informar cuál fue la autorización para la temporada 2026. En el medio hípico ya abundan las sospechas y los rumores: hay quienes afirman que algunos servidores públicos podrían estar protegiendo indebidamente a la empresa permisionaria. ¿Estarán maiceados?

Como muchos integrantes del gremio saben, la asociación civil de la cual formo parte, la Unión Mexicana de Propietarios de Caballos de Competencia, A.C., fue creada en 2011 con el objetivo de defender los intereses de la industria hípica mexicana. Llevamos quince años denunciando irregularidades, proponiendo soluciones y advirtiendo sobre el progresivo deterioro del Hipódromo de las Américas. Sin embargo, el abandono institucional ha sido constante. 

Ante esta situación, varios integrantes del gremio nos han sugerido acudir formalmente ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para denunciar posibles actos de corrupción y omisión administrativa en este sector, especialmente después de la respuesta absurda e inverosímil que recibimos por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Esta es la historia.

En enero de este año solicitamos formalmente a la autoridad competente —por medio de Transparencia— que informara cuál fue el programa de carreras presentado por la empresa permisionaria para obtener la autorización de la temporada 2026 y, en consecuencia, conocer bajo qué términos fue concedida dicha autorización, como obliga el propio permiso.

La respuesta oficial de la Dirección General de Juegos y Sorteos fue la siguiente:

“…después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección General de Juegos y Sorteos, se hace de su conocimiento que la Dirección General no se encuentra en posibilidad de proporcionar dicha información, toda vez que se trata de un asunto aún en proceso y trámite, sobre el cual aún no se cuenta con una resolución.”

La respuesta resulta simplemente inverosímil.

La temporada 2026 comenzó formalmente el pasado 21 de febrero. Sí hubo carreras, necesariamente debió existir una autorización previa por parte de la autoridad reguladora. La permisionaria no puede, legalmente, explotar carreras de caballos sin autorización expresa de la DGJS. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo puede la autoridad afirmar que el trámite “aún está en proceso” cuando las carreras ya se están celebrando desde hace meses?

O la autoridad, la DGJS, está ocultando información pública, o la temporada opera en condiciones administrativas irregulares. Ambas posibilidades son gravísimas.

A ello se suma el evidente incumplimiento de múltiples obligaciones contenidas tanto en el permiso original como en la polémica prórroga de quince años otorgada apenas unos días antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto. Basta recordar una de las principales promesas utilizadas para justificar dicha ampliación: la construcción de un hotel de primer nivel dentro del complejo hípico. Obra que jamás se realizó. Se asume que desde entonces la corrupción cabalga a galope tendido.

Mientras tanto, las instalaciones se deterioran, disminuye el número de caballos en competencia, los premios resultan insuficientes, desaparecen empleos especializados y la actividad hípica mexicana se aproxima peligrosamente al colapso. Los jinetes sufren el acoso de la supuesta autoridad hípica, el Comité, y sin una autoridad hípica independiente de la empresa no se garantizan los intereses de quien hace posible el espectáculo, incluyendo a los escasos apostadores.

La disyuntiva parece inevitable: o las autoridades federales obligan de una vez por todas a la permisionaria a cumplir estrictamente los términos de su permiso, o el Hipódromo de las Américas podría estar entrando en la etapa final de su existencia como centro hípico nacional.

Y entonces sí, México perdería una industria histórica que durante décadas generó empleos, inversión, crianza especializada y espectáculo deportivo de primer nivel.