No reedición: La memoria política de México recuerda el primero de enero de 1994 como un quiebre vs 70 años de un mismo statu quo. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no solo desafió al Estado mexicano, sino que eliminó la narrativa de modernidad  celebraba con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC). A tres décadas de la insurrección consensuada, resuena ese eco pero en un contexto  distinto, obligando a preguntar si las condiciones actuales  propiciarán un estallido similar y cómo respondería el aparato de seguridad del Estado. La respuesta cortoplacista es que el México de hoy no es el de 1994, pero las vulnerabilidades  persisten bajo nuevas y complejas dinámicas de control militar y policial.

Un movimiento zapatista similar  al de los noventa es inviable pues aquel levantamiento se nutrió de un aislamiento geográfico y una desatención estatal que permitieron la gestación de un sui géneris ejército guerrillero clandestino diferente al invocado por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en la sierra guerrerense. Actualmente  en el  territorio chiapaneco y bajo la zona de influencia indígena se encuentra profundamente fragmentado por la violenta incursión del crimen organizado, que disputa rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes. El EZLN  denunció reiteradamente que las comunidades autónomas están cercadas por la delincuencia organizada y la militarización, lo que diluye la posibilidad de una insurrección armada de corte ideológico como el EZLN. Además, la penetración de programas sociales federales  alteró el tejido comunitario, desactivando la cohesión social que requiere un movimiento insurgente de masas.

Reto: Sin embargo, el riesgo de estallidos sociales violentos o focos de resistencia armada persiste  y  de presentarse una crisis de gobernabilidad o un conflicto de alta intensidad en el sur del país, la respuesta de seguridad pública e inteligencia civil quedaría bajo la batuta estratégica de Omar García Harfuch. Su perfil representa la consolidación de un modelo de seguridad basado en la centralización de la inteligencia y el uso de tecnología avanzada de vigilancia, un giro drástico respecto al manejo político y militar de 1994. Si en aquel año el gobierno combinó la represión militar con la negociación política a través de comisionados, el enfoque contemporáneo apuesta por la contención quirúrgica mediante el análisis de datos, la infiltración digital y la neutralización de liderazgos antes de que logren una movilización masiva.

Respuesta: Esta capacidad de anticipación nos lleva directamente al núcleo del aparato estatal: las áreas más sensibles en temas de inteligencia. Bajo la 4T  el diseño de la seguridad nacional prioriza sectores específicos donde la filtración o el fallo de información estratégica pondría en jaque la estabilidad del país. La primera de estas áreas es la ciberseguridad institucional y la infraestructura crítica. El reciente hackeo  a la  Secretaría de la Defensa demostró que las comunicaciones militares, los planes de seguridad y las bases de datos biométricas son flancos altamente vulnerables. La pérdida de control sobre la información clasificada no solo expone las tácticas del Estado, sino que entrega ventajas operativas tanto a grupos delictivos como a actores geopolíticos extranjeros.

Vulnerables: Otra zona de extrema sensibilidad es la inteligencia financiera para muestra la guerra moderna contra el crimen organizado y los focos de desestabilización, el rastreo del dinero es más efectivo que el despliegue de tropas. Monitorear los flujos de capital ilícito, el lavado de dinero en el sistema bancario formal y el financiamiento de operaciones tácticas a través de criptomonedas o transferencias transfronterizas es una tarea crítica. Un fallo en este rubro permite que organizaciones criminales o grupos disidentes financien armamento de alto poder, corrompan estructuras gubernamentales y mantengan una capacidad operativa que compita directamente con las fuerzas del orden.