*Afectados por desahucios de fundaciones religiosas y por las inmatriculaciones denuncian prácticas especulativas mientras expertos subrayan los privilegios fiscales que amparan a la institución católica

*Los datos de las diócesis constatan ingresos superiores a los 168 millones por gestión de patrimonio

«¿Cómo puede la Iglesia, que debe ser refugio y defensa de los débiles, participar en decisiones que ponen en riesgo y juegan con la estabilidad habitacional de las personas simplemente por interés económico?».

Es la pregunta que hicieron llegar al papa León XIV los inquilinos afectados por la fundación Fusara y la Venerable Orden Tercera (VOT) antes de su intervención en el Congreso. No olvidaron citar un versículo de Isaías: «¡Ay de los que juntan casa con casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?».

El grupo de inquilinos quiso trasladar al Pontífice el problema de la crisis de la vivienda y las dificultades de los españoles para tener «una vida estable».

En una misiva redactada con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, aseguraron que, en la capital, se les está «echando legalmente de casa» para subir los precios o hacer pisos turísticos, una espiral de «avaricia» de la que tampoco se habría librado la institución eclesiástica.

«Movidos por la obtención de lucro inmediato, la VOT está subiendo los precios de los alquileres de sus viviendas, llegando incluso a desahuciar a nuestro compañero Mariano el pasado 7 de mayo», exponen.

En cuanto a la Fundación Fusara, dependiente del Arzobispado de Madrid, han querido que el Santo Padre sepa que los inquilinos de 13 edificios que estaban en su posesión están recibiendo órdenes de desahucio después de que se confirmara su venta a un fondo buitre.

«Nos resulta incomprensible que la Iglesia entre en estas dinámicas de especulación y se pueda comportar como un fondo más», lamentan.

Por Laura Prieto Gallego

De Público