Propósito: La  dirigencia de Morena enfrenta el desafío de construir un blindaje eficaz en la selección de sus candidaturas a gubernaturas, alcaldías y curules federales y locales, presionada por el impacto político del caso Sinaloa tras la detención de Ismael «El Mayo» Zambada y las sospechas en torno a Rubén Rocha Moya. En el discurso interno, el partido apela a revisiones con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, junto con declaraciones patrimoniales y cartas de antecedentes.

No obstante, este andamiaje burocrático choca de inmediato con la realidad del control territorial en aquellos municipios y distritos donde el crimen organizado financia campañas, intimida operadores o impone casillas mediante las armas, las encuestas internas no tienen capacidad de detectar pactos soterrados ni sumisiones forzadas.

Sin facultades ministeriales para investigar a fondo los recursos locales ni voluntad para confrontar liderazgos regionales dudosos, cualquier filtro corre el riesgo de quedar en simulación documental. Para evitar repetir un colapso de legitimidad como el sinaloense, la cúpula oficialista tendría que sacrificar perfiles con alto arrastre electoral pero dudosa procedencia, un costo que la maquinaria electoral difícilmente suele asumir en vísperas de comicios cerrados.

El fenómeno de los mandatarios estatales vinculados al narcotráfico no constituye una anomalía aislada ni pertenece a una sola bandera; representa una constante estructural del federalismo mexicano. La historia moderna documenta casos paradigmáticos: Mario Villanueva Madrid en Quintana Roo, sentenciado por operar para el Cártel de Juárez; Tomás Yarrington en Tamaulipas, condenado en Estados Unidos tras recibir sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas; y Roberto Sandoval en Nayarit, cuyo aparato de poder y fiscalía estatal funcionaron al servicio de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La colocación de Rubén Rocha Moya dentro de este debate público a raíz de cartas, contradicciones oficiales y una crisis de seguridad sin tregua en Culiacán evidencia que la complicidad o la condescendencia hacia las mafias no desaparecieron con la alternancia. Calcular cuántos «narcogobernadores» gobernaron en el país exige mirar más allá de quienes pisan la cárcel: la lista abarca a decenas de mandatarios que durante las últimas tres décadas entregaron plazas, delegaron secretarías de seguridad o pactaron treguas ficticias con grupos delictivos para garantizar una gobernabilidad precaria y mantener intacto el flujo presupuestal de sus administraciones.

Respaldo: El plazo fijado para 2028 para que las Fuerzas Armadas abandonen las tareas de seguridad pública y regresen a sus cuarteles se perfila hoy como un objetivo inalcanzable. Si bien el decreto legislativo de 2022 extendió dicha temporalidad de manera extraordinaria, la reforma constitucional aprobada al cierre del mandato de Andrés Manuel López Obrador modificó el tablero al adscribir de forma definitiva la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum  respalda  este andamiaje al articular una estrategia donde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, concentra la inteligencia civil y la coordinación nacional, mientras la fuerza operativa permanece bajo mando y disciplina militar. Por su parte, el titular de la Sedena, el general Ricardo Trevilla Trejo, comanda una institución que asimila  la seguridad pública como parte de su despliegue permanente y presupuestal.

En las entidades del país no existen condiciones reales para prescindir del Ejército y la Marina: las policías estatales y municipales continúan precarizadas, rebasadas en equipamiento y vulnerables a la captura criminal, por lo que el regreso de las tropas a los cuarteles en 2028 quedará relegado frente a la dependencia castrense del Estado mexicano.