*Posibilidad de que deuda aumente 4.2 billones es para quitar el sueño
Miguel A. Rocha Valencia

Una de las herencias “malditas” que dejó el obradorato es sin duda la extraordinaria deuda que obliga a disponer de más del 10 por ciento del presupuesto de egresos para cubrir los intereses, lo cual reduce las posibilidades de inversión y la atención de necesidades urgentes como son la salud y educación públicas.
Además, se sembró la semilla de la desconfianza empresarial, nacional y extranjera que se calcula en decenas de miles de millones de dólares que se cancelaron y con ello, se condenó a la reducción de crecimiento, generación de empleos y desde luego, el despegue como país con estancamiento en el crecimiento económico. Fue sin duda un sexenio que condenó a México a la mediocridad.
Eso causa que sin crecimiento real, inversión ni aumento de ingresos fiscales, el oficialismo enfrente un reto que parece irresoluble si no detiene cuanto antes el mal gasto, el reparto de dinero gratis con carácter no universal, sino clientelar y el subsidio a obras improductivas y que en todo caso, si generaran alguna utilidad sería para el grupo castrense a quien se entregaron en calidad de concesión o propiedad.
Es decir si no hay dinero, debe detenerse el gasto que no genera economía, que sólo produce deuda y que nos lleva paso a paso al precipicio por más que se esfuerce la administración en recomponer el rumbo. Primero hay que frenar y no gastar en lo que “no deja”, salvo votos.
Porque la combinación de lucro económico con el político es muy peligrosa porque al final, lo que se debe, se paga y México-país ya no tiene mucho de dónde sacar recursos más que del crédito que por cierto también se agota.
En resumen, se necesita invertir en lo que sea productivo como por ejemplo, alimentos que evitaría multimillonarias importaciones, generación de refinados de hidrocarburo que eviten compras en el extranjero y desde luego, dejar de mantener obras inviables desde el punto de vista financiero.
Y aunque nadie está peleado con el combate a la pobreza y el apoyo al desarrollo de os más necesitados, los dineros destinados a ello, deben ser cuidados para que cumplan su objetivo y no hacerlo de manera clientelar como sucede con las pensiones que lo mismo se dan a un adulto mayor abandonado y pobre que a las personas de edad que no lo necesitan como sucede con los millonarios de colonias y complejos exclusivos.
Es decir, dar seguimiento a los apoyos que antes se daban a niños, adolescentes y jóvenes que sí estudiaban y lo reflejaban en sus calificaciones y no de manera abierta a alumnos que ni siquiera van a clase y usan los recursos para vicios y celulares.
Lo mismo sería en los disque apoyos a los campesinos que deberían ser fomentos a la producción y no a la dependencia. Se debe medir el impacto del gasto social, pero no hacerlo desde el punto de vista político sino social, educativo, educativo, económico.
Y es que la sombra de la deuda asusta especialmente hoy que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado considera que existe el riesgo de que la deuda termine con el sector empresarial mexicano, con menos dinero disponible para financiarse y créditos más caros.
El análisis plantea que si las finanzas públicas del país siguen por la misma trayectoria, en apenas los tres primeros años del actual sexenio la deuda neta aumentaría en 4.2 billones de pesos, casi dos veces más de lo que se incrementó durante el mismo periodo de la anterior administración.
Por medio de un análisis, el centro expuso que, aun cuando para 2027 el Paquete Económico prevé un menor déficit, éste todavía seguirá siendo elevado, lo cual se traduce en la necesidad del gobierno de más recursos de los que hay disponibles, es decir, “deuda del sector público para compensar el faltante en las finanzas públicas”.
Eso hará que la deuda alcance o supere el 55 por ciento del PIB y con ello, un mayor monto en el pago de intereses. Ante ello, el CEESP plantea revisar el gasto, pero en año electoral será difícil hacer consideraciones económicas cuando se impone lo político y la urgencia de conservar o ampliar el poder de la 4T.