• La Ley Mariana Lima Buendía fortalece la obligación de investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género y establece sanciones para personas servidoras públicas que obstaculicen el acceso a la justicia, única en el país.

Toluca, EdoMex.- Después de 16 años de exigir justicia por el feminicidio de su hija, la señora Irinea Buendía Cortés ha logrado un hecho sin precedentes en el país: que una lucha iniciada frente a la impunidad se traduzca en una reforma legal en el Estado de México.
La aprobación de la denominada Ley Mariana Lima Buendía fortalece las obligaciones de las autoridades frente a las muertes violentas de mujeres y establece consecuencias para las personas servidoras públicas que, mediante actos u omisiones previstos en la legislación, obstaculicen la investigación o la administración de justicia.
Mariana Lima Buendía fue asesinada en 2010. Su muerte fue presentada inicialmente como un suicidio. Su madre cuestionó esa conclusión y emprendió una larga batalla jurídica que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dio lugar a un precedente fundamental para la investigación de las muertes violentas de mujeres en México: toda muerte violenta de una mujer debe investigarse bajo las reglas del feminicidio.
La lucha de Irinea Buendía puso de manifiesto que el acceso efectivo a la justicia no depende únicamente de investigar y sancionar a quien comete un feminicidio. También requiere que las personas servidoras públicas responsables de investigar actúen con debida diligencia y que existan consecuencias jurídicas cuando, en los supuestos previstos por la ley, sus actos u omisiones obstaculicen el esclarecimiento de los hechos.
La reforma aprobada por unanimidad por el Congreso del Estado de México, gracias a la intervención de la diputada Jennifer Nathalie González López, del partido Morena, modificó la legislación de la entidad para fortalecer la obligación de investigar con perspectiva de género y debida diligencia las muertes violentas de mujeres y niñas, conforme a los estándares aplicables a la investigación del feminicidio.
Durante un mitin informativo y de reconocimiento a los integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México, el abogado Pablo Navarrete Gutiérrez, dijo que la ley incorpora responsabilidades para las personas servidoras públicas que incurran en las conductas previstas por la legislación relacionadas con actos de corrupción, omisiones, negligencia u obstaculización de la investigación o de la administración de justicia. Estas conductas podrán alcanzar penas de cuatro a diez años de prisión, multa, destitución e inhabilitación, conforme a los supuestos y condiciones establecidos en la legislación.
La modificación legislativa representa un nuevo capítulo del precedente construido a partir del caso de Mariana Lima Buendía. La sentencia de la SCJN estableció estándares relevantes sobre la obligación de investigar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres. La reforma busca fortalecer esa obligación mediante responsabilidades concretas para quienes tienen encomendada la investigación y procuración de justicia.
Durante 16 años, Irinea Buendía mantuvo viva la exigencia de justicia por su hija Mariana y todas las víctimas de feminicidio. Su recorrido muestra cómo la persistencia de las víctimas indirectas y sus familias puede contribuir no solamente al esclarecimiento de un caso concreto, sino también a transformar las instituciones y las normas para evitar que otras familias enfrenten obstáculos semejantes.
Durante este proceso, Irinea Buendía contó con el acompañamiento del abogado y defensor de derechos humanos Pablo Navarrete Gutiérrez. Desde esta perspectiva, uno de los aspectos relevantes de la reforma consiste en reforzar la responsabilidad institucional frente a aquellas conductas de personas servidoras públicas que puedan impedir, retrasar u obstaculizar el acceso de las víctimas y sus familias a la verdad y a la justicia.
La aprobación de la Ley Mariana Lima Buendía abre también una discusión de alcance nacional. El precedente puede contribuir al análisis de los marcos normativos de otras entidades federativas y de los mecanismos existentes para prevenir y sancionar actuaciones de personas servidoras públicas que obstaculicen las investigaciones relacionadas con feminicidios y otras muertes violentas de mujeres.
El desafío inmediato será llevar la reforma del texto legal a su aplicación efectiva. Para las autoridades del Estado de México ello supone garantizar investigaciones diligentes, personal capacitado, aplicación efectiva de las responsabilidades previstas en la legislación y resultados verificables para las víctimas y sus familias.
Para Irinea Buendía, la aprobación de esta reforma constituye un nuevo momento de una lucha que comenzó con la exigencia de justicia para Mariana y que, con el paso de los años, ha contribuido a modificar los estándares con los que el Estado mexicano debe investigar las muertes violentas de mujeres.
En el evento se puso de manifiesto que ahora corresponde a las autoridades del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez, instrumentar un plan de capacitación a los ministerios públicos y los integrantes del poder judicial, sobre los alcances y la aplicación de la nueva ley, a fin de que esta no sea letra muerta
La lucha de Irinea Buendía convirtió una exigencia de justicia en un precedente judicial y ese precedente contribuyó, años después, a una reforma legislativa. La Ley Mariana Lima Buendía ya forma parte del marco jurídico; el siguiente reto será garantizar su cumplimiento efectivo.