Así lo dice La Mont

Asignatura: Desde la designación en agosto de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, la llegada de Omar Reyes Colmenares a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) marcó una ruptura drástica en la forma de operar de esta dependencia, alejándose de los perfiles de sus dos antecesores inmediatos. Durante el sexenio anterior 2018-2024 Santiago Nieto construyó una UIF altamente mediática, caracterizada por el congelamiento masivo de cuentas y el anuncio público de investigaciones en curso, lo que a menudo alertaba a los objetivos o culminaba en reveses judiciales debido a violaciones al debido proceso. Posteriormente, Pablo Gómez imprimió un sello netamente político e ideológico, enfocando los recursos de la institución en documentar presuntos actos de corrupción de expresidentes y figuras de la oposición, aunque con una baja tasa de judicialización efectiva. En contraste, Reyes Colmenares, un abogado con amplia experiencia en inteligencia institucional y prevención dentro del sistema penitenciario de la capital y a nivel federal,  instrumento  un enfoque silencioso y táctico. Su declaración de que la UIF «no será un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia» se  tradujo  en un repliegue mediático, donde la dependencia opera más como un engranaje técnico de la Secretaría de Hacienda y un brazo analítico aliado con la estrategia de seguridad, priorizando la solidez procesal de los expedientes antes que el impacto en la opinión pública.

Formas: Las primeras acciones y golpes bajo el mando de Reyes Colmenares reflejan este cambio de paradigma hacia la persecución de redes criminales complejas y la modernización administrativa, en lugar del hostigamiento a adversarios políticos. Un ejemplo reciente es la publicación en septiembre de 2026 de los nuevos formatos oficiales para el reporte de operaciones vulnerables, diseñados para cerrar las brechas normativas que permitían el flujo de capitales ilícitos en sectores no financieros. El verdadero golpe de timón es la reestructuración de la cooperación interinstitucional; mientras que en el pasado la UIF actuaba de manera aislada y frecuentemente entraba en fricción con la Fiscalía General de la República (FGR), la actual administración busca asegurar que los bloqueos de cuentas estén respaldados por peticiones formales de autoridades internacionales o por carpetas de investigación firmes. Esto busca detener la «cascada de amparos» que históricamente permitía a los presuntos delincuentes recuperar sus fondos al ampararse en deficiencias técnicas. Además, los objetivos principales  se desplazaron hacia la desarticulación logística de las estructuras financieras del crimen organizado, los esquemas de factureras que defraudan al fisco y las redes que operan en el sistema aduanero, demostrando un uso de la inteligencia orientado a neutralizar las capacidades operativas de la delincuencia.

Nueva ruta: Este viraje metodológico es fundamental para responder a la interrogante sobre si el gobierno de Claudia Sheinbaum y la UIF lograrán cumplir con los estrictos indicadores fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo intergubernamental que establece los estándares globales, evalúa el desempeño de los países y tiene la facultad de enviar a las naciones no cooperantes a sus temidas listas grises o negras. Históricamente, México  presenta un nivel de cumplimiento técnico aceptable en la creación de leyes, pero reprueba consistentemente en el rubro de efectividad, específicamente en el bajo número de sentencias condenatorias por lavado de dinero y en la escasa recuperación de activos en proporción al tamaño de su economía. Para evitar penalizaciones internacionales, la actual gestión no solo debe demostrar que genera reportes de inteligencia, sino que estos documentos se traducen en decomisos reales y en la desarticulación de células financieras a través de los tribunales. El cumplimiento de los indicadores del GAFI exigirá que el gobierno mexicano apruebe reformas pendientes sobre la identificación del «beneficiario final» en las empresas y endurezca la supervisión de actividades vulnerables como el sector inmobiliario, la venta de vehículos ñde lujo y el comercio de joyas. La viabilidad de este esfuerzo recaerá en que la coordinación entre la UIF de Reyes Colmenares, las autoridades supervisoras y el Ministerio Público logre transformar la inteligencia en resoluciones penales contundentes ante los evaluadores globales.