*Alfredo San Román  quiere ser diputado federal por Morena y despoja a deudos de tumbas adquiridas a perpetuidad

Huejutla, Hgo.- El negocio es redondo y macabro. Mientras el alcalde José Alfredo San Román Duval busca la diputación, acusan que en el panteón municipal que él administra opera una red de despojo: quitan tumbas con perpetuidad pagada para entregarlas a familiares y amigos de funcionarios.

El caso de Mirtha Vera Merino y su hermana no es un error administrativo. Es el modus operandi, aseguran. Hay más afectados, pero no denuncian por temor a represalias.

Las dos mujeres presentaron su Certificado de Perpetuidad y recibos pagados. Su lote desapareció del sistema de la dirección del panteón. Cuando fueron al panteón, su lugar ya tenía otro número y un cuerpo recién sepultado.

 Las víctimas señalan que nada de esto se mueve sin la autorización del alcalde. El director del panteón, Fernando Zamora Tovar, es solo el operador. El sepultado es su familiar y el permiso para enterrarlo, acusan, lo firmó la juez municipal Briseida Redondo, prima de la familia Redondo Zavala, ligada al mismo grupo.

«No es el director solo. Él no puede hacer nada sin que lo autorice el presidente. Es el alcalde José Alfredo San Román Duval quien autoriza esos despojos», denunció Mirtha Vera.

«Hay más afectados quienes no se atreven a denunciar por temor a represalias. Le tienen miedo al alcalde. Saben que si hablan les quitan apoyos, les cierran puertas en presidencia», aseguraran.

Por eso nadie habla. Y por eso pueden seguir rematando tumbas. Vecinos y denunciantes coinciden: San Román Duval quiere ser diputado federal. Necesita fondos y necesita favores.

Rematar un espacio en el panteón municipal, que oficialmente cuesta entre $3,000 y $8,000 pesos por la perpetuidad, en reventa irregular puede costar hasta $20,000 pesos, según testimonios de panteoneros. Multiplícalo por decenas de lotes «recuperados». Es dinero en efectivo, sin factura, sin licitación.

Y es control político: darle un lugar a la familia de un operador, a un delegado, a un amigo, es comprar lealtad para la campaña que viene.

Las afectadas ya fueron al Ministerio Público y les dijeron que es tema del municipio. El municipio no resuelve. El círculo se cierra.

Por eso exigen la intervención directa del gobernador Julio Menchaca y del procurador, para que se audite el libro de registro del panteón municipal de Huejutla: ¿Cuántas perpetuidades fueron canceladas en esta administración? ¿A quién se le reasignaron? ¿Cuánto se cobró?

 «Que no quede impune. Si quiere ser diputado, que primero explique qué está haciendo con los muertos de Huejutla», sentenciaron.

Las denunciantes cuentan con Certificado de perpetuidad, recibos de pago y fotos del lote invadido donde ya se pretende construir un mausoleo del nuevo difunto.