EU vs CIJ: Es importante trazar una distinción ante la posibilidad de sanciones estadounidenses a la Corte Penal Internacional de Justicia institución que históricamente enfrenta amenazas directas y bloqueos de visados por parte de Washington debido a sus investigaciones sobre actores en conflictos geopolíticos sensibles.
Ninguna de estas cortes está en vías de desaparecer, pues su mandato no depende de una sola potencia, sino que emana de tratados multilaterales avalados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Estatuto de Roma.
Ante cualquier amago de asfixia política, la postura de sus 15 magistrados es históricamente de profundo rechazo colegiado. Los juristas que integran ambos tribunales sostienen la firme convicción de que la independencia judicial es innegociable y advierten que permitir que las sanciones unilaterales dicten el curso de una investigación destruiría el pilar fundamental del derecho internacional: el principio de que ningún Estado soberano, por poderoso que sea económicamente o militarmente, tiene la facultad de situarse por encima de las convenciones globales o del escrutinio humanitario.
El andamiaje burocrático para sostener este nivel de justicia requiere recursos considerables, aunque sus competencias suelen confundirse. La CIJ, encargada exclusivamente de dirimir disputas entre Estados y no de enjuiciar individuos, opera con una burocracia sumamente controlada dentro de la ONU, con un presupuesto que ronda los 30 millones de dólares anuales.
Por el contrario, es la Corte Penal Internacional la que asume la costosa e inmensa labor de perseguir a criminales de guerra, contando con un presupuesto independiente que supera los 180 millones de euros para financiar su red de fiscales, peritos y programas de protección a testigos en todo el mundo. Desde su creación, esta última corte resolvió casos de gran notoriedad condenando a individuos por crímenes de lesa humanidad y reclutamiento de niños soldado, destacando las sentencias contra los líderes de milicias congoleñas Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda, así como el procesamiento del yihadista Ahmad Al Faqi Al Mahdi por la destrucción de patrimonio cultural en Malí, demostrando que la justicia global puede alcanzar a quienes perpetran atrocidades contra la población civil.
A lo largo de la historia contemporánea, México mantiene un compromiso inquebrantable con estos tribunales y logró posicionar a cinco destacados juristas como jueces titulares de la Corte Internacional de Justicia: Isidro Fabela, Luis Padilla Nervo, Roberto Córdova, Bernardo Sepúlveda Amor y Juan Manuel Gómez-Robledo, este último electo en noviembre de 2023 para un mandato de nueve años.
Para mantener su pertenencia y derecho a voz en el sistema de Naciones Unidas del cual se desprende el financiamiento de la CIJ, el Estado mexicano tiene la obligación de cubrir una cuota anual correspondiente al 1.22% del presupuesto ordinario global de la ONU, lo que se traduce en aportaciones calendarizadas de decenas de millones de pesos.
Esta inversión diplomática resultó crucial y devolvió beneficios históricos para el país a través del emblemático «Caso Avena» en 2004, donde la CIJ falló a favor de México y ordenó a los Estados Unidos revisar y reconsiderar las condenas a pena de muerte de 51 connacionales mexicanos, tras comprobarse que las autoridades estadounidenses violaron sistemáticamente la Convención de Viena al negarles su derecho fundamental a recibir asistencia consular inmediata al momento de ser detenidos.
